Organizaciones reclaman que la publicidad institucional se reparta en base a criterios objetivos

Colegios y asociaciones de periodistas están levantando la voz contra lo que consideran criterios heterogéneos en el reparto de la publicidad institucional por parte de diversas administraciones públicas.

Esta práctica, según argumentan, socava la libertad de prensa y la objetividad, alimentando un clima de opacidad que desafía los principios fundamentales del periodismo.

Las críticas provienen de distintas regiones de España. Desde el Colegio Vasco de Periodistas, su decana Amaia Goikoetxea, destaca la necesidad de una autorregulación en la materia para que los gobiernos sigan directrices claras y transparentes.

La falta de tales criterios, argumenta, ha llevado a un sistema marcado por influencias partidistas, desvirtuando el propósito del servicio público.

La entrada en vigor del reglamento europeo que exige a los gobiernos respetar principios objetivos en publicidad institucional ha avivado aún más el debate.

En Cantabria, periodistas colegiados han denunciado la existencia de "pseudomedios" financiados con fondos públicos que contribuyen a la desinformación, mientras que en Galicia se reclama un modelo de ayudas y publicidad institucional que garantice la integridad y libertad del periodismo.

En Valencia, la Unió de Periodistes Valencians está investigando posibles subvenciones a medios dedicados a difundir información falsa, respaldando la necesidad de mayor transparencia y objetividad en los sistemas de contratación de publicidad institucional.

Sin embargo, la objetividad misma es un punto de discusión entre los profesionales. La Administración pública española, objeto de críticas en este ámbito, se ve obligada a tomar medidas por exigencias legales.

Esta semana ha marcado la entrada en vigor del reglamento europeo de medios de comunicación, el cual los países deben implementar a más tardar en agosto del próximo año.

Este reglamento no solo requiere que los medios publiquen la lista de sus propietarios, sino que también impone a los gobiernos el respeto por una serie de principios en la asignación de fondos públicos para la publicidad institucional.

¿Cómo definir parámetros objetivos en el reparto de publicidad? El decano del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, José Antonio Barrera, plantea estas interrogantes, destacando la necesidad de criterios más amplios que vayan más allá del simple tráfico o la presencia de un muro de pago.

Con la responsabilidad recién asignada al área de Comunicación Institucional del Gobierno, encabezada por José Manuel Nevado, la demanda por mayor transparencia y equidad en este ámbito sigue siendo una prioridad para el periodismo español.