viernes, 3 de mayo de 2024 18:40
Economía

Andalucía vería como "invasión de competencias" que el Gobierno ubique la gestión del IMV en servicios de empleo de CCAA

El Gobierno andaluz ha acusado este jueves al Ejecutivo central de intentar "invadir competencias" al pretender ubicar la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en los servicios de empleo autonómicos, tal y como ha planteado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, convocada este mismo jueves, mediante el proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.
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La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en el Pleno del Parlamento de Andalucía. (Foto de archivo).

El Gobierno andaluz ha acusado este jueves al Ejecutivo central de intentar "invadir competencias" al pretender ubicar la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en los servicios de empleo autonómicos, tal y como ha planteado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, convocada este mismo jueves, mediante el proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y los servicios garantizados establecidos en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.

La consejera andaluza de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha rechazado este supuesto que, además, "se ha introducido en el orden del día de la reunión sin facilitarnos a las comunidades autónomas la documentación y con la antelación prevista", según ha criticado en un comunicado.

Blanco ha sostenido que "no pueden intentar cargar a los servicios autonómicos de empleo el colapso que sufren las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la gestión del IMV que viene haciendo el Ejecutivo central", algo que supone "una invasión de competencias", según ha enfatizado.

La consejera andaluza ha añadido que el proyecto del Real Decreto amplía servicios que están "muy alejados" de las competencias que tienen atribuidas las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

Así, Andalucía se suma a otras comunidades como Madrid, Galicia, Murcia, Aragón o la Comunidad Valenciana, entre otras, al reclamar que se modifiquen los artículos 41.d y 44 de referido texto normativo argumentando que las recomendaciones a las que aluden, relativas a protección social, "no pertenecen a las competencias que tienen encomendadas los servicios públicos de empleo".

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