El Gobierno modifica las leyes de navegación y seguridad aérea para usar los recursos de forma "más eficiente"

Modifica el régimen sancionador para eliminar la "desproporción"
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley por el que se modifican las leyes de navegación y seguridad aérea con el objetivo de conseguir un "uso más eficiente de los recursos públicos".

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las modificaciones introducidas en este proyecto de ley son "imprescindibles e inaplazables", ya que actualizan las principales leyes del sector aéreo, eliminando órganos innecesarios y simplificando procesos.

Entre las principales novedades que introduce en la ley de navegación aérea, Puente ha destacado la creación de una comisión mixta medioambiental por aeropuerto de competencia estatal que sustituirá las múltiples comisiones que "en ocasiones se solapan unas con otras".

Así, al disponer de un único órgano, el Gobierno busca "optimizar y coordinar mejor" los asuntos relativos al impacto ambiental de las infraestructuras.

Por otro lado, también va a integrar el régimen de los planes directores de los aeropuertos de interés general y el de sus servidumbres aeronáuticas, unificando el órgano competente dentro del Ministerio para que exista una coherencia entre la planificación y las servidumbres aeronáuticas y se correspondan con las necesidades de navegación.

Por último el proyecto de ley incluye modificaciones de la Ley de Navegación Aérea sobre la posibilidad de excepcionar y flexibilizar transportes aéreos de emergencia, privados, de escuelas de aviación, turismo o deportivos para favorecer el crecimiento de este sector "que en este momento está afectado por una normativa muy exigente" y "restrictiva" que "no guarda proporcionalidad con la actividad del sector".

En cuanto a la ley de seguridad aérea, las modificaciones simplifican la tramitación para obtener o renovar licencias, certificados y autorizaciones, reduciendo los plazos y mejorando "la eficiencia de los recursos públicos".

Además, se refuerza la propocionalidad del régimen sancionador, estableciendo grados que dependerán de los riesgos que cada infracción suponga para la seguridad aérea, algo que en la actual ley tiene "claros elemento de desproporción".