Los ciberataques alcanzan cifras récord en España: se perpetraron 1.500 a la semana en las administraciones

En 2022 se han alcanzado cifras récord de ciberataques en las webs gubernamentales y de administraciones públicas en España. Según datos del sistema de siberseguridad Barracuda, durante este año se han registrado más de 1.500 ciberataques por semana en cada organización, cifra que representa un incremento de un 20% respecto al año pasado. El sector más afectado fue el de la educación, que recibio más de 2.000 ciberataques por organización. 

Uno de los ciberataques más notorios fue el que se perpetró en marzo en el Congreso de los Diputados con origen ruso, un ciberataque de tipo DDoS. El ataque se lanzó desde diferentes direcciones IP, por lo que el portal del Congreso de los Diputados quedó inoperativo durante horas. Este tipo de ciberataques consiste en que miles de ordenadores y móviles, infectados de forma previa, se dirigen a la vez hacia la web, de forma que el portal no consigue soportar todo el tráfico y deja de fundionar. 

No fue el único ciberataque institucional, ni de lejos. En noviembre, el Ministerio de Economía y Transición Digital detectó un hackeo con foco en la red SARA, la responsable de interconectar las administraciones públicas para facilitar el flujo de datos. Todo empezó cuando un trabajador detectó que controlaban su ordenador a distancia. 

Pero los ataques no se limitan al Gobierno de Pedro Sánchez, sino que también puso el foco en instituciones locales. Por ejemplo, casi 140 ayuntamientos de Navarra registraron ciberataques. Los datos sensibles que manejas convierten a las instituciones en el blanco perfecto para atacar. 

El CGPJ detectó en octubre un ciberataque a las redes de las Administraciones Públicas españolas en el que atacaron el Punto Neutro Judicial (PNJ), la red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado. 

Las investigaciones desvelaron que el PNJ fue utilizado para acceder a otras instituciones públicas, pero no se comprometieron los datos relativos a procedimientos judiciales u otra información en poder de los Juzgados y Tribunales.