Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d'Andorra (BPA) han denunciado a la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb) y han pedido al juez que consulte la constitucionalidad de la Ley de medidas urgentes de reestructuración y resolución de entidades financieras aprobada por el Gobierno andorrano el 2 de abril.