El caso de la Banca Privada de Andorra es inacabable. La «penúltima» consecuencia ha sido la dimisión, aplazada sobre lo que era privisible, del ministro de Administración Pública, Transportes y Telecomunicaciones, Jordi Alcobé, uno de los «hombres fuertes» del gabinete que presideiix Antoni Martí.
Este jueves, día diez, se ha cumplido un año de la intervención de Banca Privada de Andorra tras la sanción internacional del finca, entidad del Tesoro de Estados Unidos. Varias veces el gobierno andorrano había previsto la solución del caso, en forma de venta de la nueva entidad creada, Valle Banco, pero el plazo parece que no se podrá cumplir.
Comienza a vislumbrarse la solución definitiva al estruendo financiero que en Andorra supusieron las sanciones norteamericanas, e internacionales, en la Banca Privada (BPA), más allá de los contenciosos judiciales que se pueden alargar bastantes meses, o años.
La Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (Areb) de Andorra ha comunicado este jueves el inicio del proceso de venta de Vall Banc, el 'banco bueno' de Banca Privada d'Andorra (BPA) que aglutina los activos y pasivos legítimos de la entidad, de forma que culminará el proceso de liquidación de la entidad investigada por blanqueo de capitales.
Los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), los hermanos Higini y Ramón Cierco, han lamentado este miércoles la decisión de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) de crear el llamado 'banco bueno' sin haber mantenido un diálogo previo y han advertido de que se reservan el derecho de emprender las medidas legales oportunas.
El consejo de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb) de Andorra ha aprobado la separación del conjunto de activos y pasivos de Banca Privada de Andorra (BPA) considerados legítimos para transferirlos a una entidad puente, un "banco bueno", que será vendido antes de final de año.
Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d'Andorra (BPA) han denunciado a la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb) y han pedido al juez que consulte la constitucionalidad de la Ley de medidas urgentes de reestructuración y resolución de entidades financieras aprobada por el Gobierno andorrano el 2 de abril.