Canal Isabel II

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y 19 años de inhabilitación para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los delitos de fraude a la administración y malversació, así como por el presunto reparto de comisiones.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 7 años de prisión y la inhabilitación absoluta para los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo por la pieza 1 del 'caso Lezo', la compra de la empresa colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II.

Anticorrupción solicitó que el juez embargase también el sueldo de funcionario del expresidente porque sus bienes ya embargados no cubrirían el montante de la responsabilidad civil en la que podría haber incurrido en su gestión del Canal de Isabel II.

La defensa de Calvo ha solicitado al juez que archive su acusación al no existir "ni el más mínimo" sobreprecio en la compra de la citada sociedad.

El exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha sido citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional el próximo 7 de junio por la supuesta compra irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II

El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y otras cuatro personas han sido citadas esta semana como testigos por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la presunta financiación irregular del PP.

Los empresarios deberán dar explicaciones al magistrado por el presunto pago de una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para hacerse con la adjudicación del Canal de Isabel II en el año 2007.

Cuatro de los consejeros que aprobaron la adquisición están citados en la Audiencia Nacional a partir de las 15.30 horas.

La renuncia de Canalda se produce tras su imputación en el caso Lezo en lo relativo a su presunto papel en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El juez ha llamado a declarar a todos los miembros del consejo de administración del Canal que votaron a favor de la adquisición de Inassa en noviembre de 2001.

La Fiscalía incluye al expresidente en el acuerdo que autorizó la adquisición pero quiere determinar primero su grado de conocimiento.

En prisión incondicional desde el pasado 21 de abril, González podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales.

Los fiscales apuntan directamente a Gallardón, pero también a los "miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2009" por el que se autorizó la compra.

El presunto cabecilla de la trama Lezo señala que existe un desgaste físico y psíquico que le está pasando factura en este tiempo de prisión preventiva que cumple en la madrileña cárcel de Soto del Real.

La primera junta de accionsitas de la entidad ha provocado que la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II convoque una concentración. Ellos piden que se disuelva la sociedad anónima y se implante un modelo nuevo de gestión.

la Sala de lo Penal determina que aunque Pablo González acredita en su recurso un "indudable" arraigo personal y familiar, la cantidad de indicios que le incriminan en la 'Lezo' "han inclinado la balanza". 

El Ayuntamiento de Navalcarnero ha encontrado varios palés con facturas que demostrarían un "falseamiento" de la contabilidad.

Lo denuncia la actual dirección de la empresa, que traslada al juez dos denuncias relacionadas con maniobras de ocultación.

Diferentes 'populares' no entienden la resistencia de Aguirre a dar un paso atrás, algo de lo que ella siempre ha presumido, como hizo en 2016 tras las revelaciones sobre la trama de corrupción Púnica.

El exdirector gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009, Ildefonso de Miguel, habría cobrado algún tipo de comisión relacionada con la construcción de los Teatros del Canal.