‘No dirás falsos testimonios ni mentirás’, dice el octavo mandamiento. ¿Qué hay de la exhumación de un Dictador en un Estado constitucional laico"?
En los años cincuenta llegó a España la canción "Se va el caimán, se va el caimán...". Los españoles enmudecidos por la censura, y aterrorizados todavía por el recuerdo de "los paseos nocturnos", la adoptaron enseguida, como si fuera propia.
El Gobierno acusa a PP y Ciudadanos de "ponerse de perfil" ante la dictadura por no respaldar la exhumación de Franco.
Francisco Martínez-Bordiú asegura que "no facilitarán" al Gobierno que "juegue" con la exhumación y avisan de que llegarán "hasta el final con las alegaciones".
Según el alcalde, los Franco "deben ponerse a la cola de la ventanilla como cualquier ciudadano", puesto que "por muy dictador que haya sido", tiene derecho a que sus restos sean depositados "en un lugar digno".
Expertos de la ONU celebran la revisión de la Ley de Memoria Histórica y muestran su disposición a apoyar al Gobierno en la implementación de estas iniciativas.
Una denuncia de Esquerda Unida por unas declaraciones del portavoz de la fundación que ensalza al dictador pueden acabar sentando a la polémica entidad en el banquilo de los acusados.
El abad de Solesmes, responsable último de los benedictinos del Valle de los Caídos, dice que tiene autoridad sobre los monjes no sobre la basílica.
Carmen Iglesias, directora de la RAH: "Fue alguien que murió firmando penas de muerte".
El Gobierno así lo ha reconocido en la respuesta a una pregunta del diputado y líder de izquierda unida, Alberto Garzón | Es documentación de la Secretaría de la Jefatura del Estado y de la Presidencia del Gobierno hasta junio de 1973.
Pide una Comisión de la Verdad, anular condenas de tribunales penales a los antifranquistas y llevar la Memoria Histórica a las aulas
Para la institución franquista, el 'Caudillo' “no solo merece tener a su nombre una fundación que defienda su inmensa obra política, económica y social, sino que merece una plaza o avenida en cada ciudad y pueblo”.
El Ejecutivo contesta a unas preguntas de Compromís, alegando que se ha cumplido el "mandato legal" de la retirada de símbolos franquistas en el Ámbito de la Administración General del Estado.