El Congreso de los Diputados ha decidido que el Pazo de Meirás vuelva a sus legítimos dueños, o sea, a los gallegos de Sada.
Aunque se sienten señalados como "delincuentes", no se pronuncian sobre la multa impuesta a la familia del dictador por incumplir la ley.
El desplante llega tras la insinuación de la Xunta de que los herederos del dictador pretenden sacar tajada económica forzando la expropiación.
Pedro Puy, portavoz popular en la cámara gallega, critica que la actitud de los herederos de Franco y de la fundación, haciendo "exhibición" de la propiedad, "no favorecen la convivencia".