Una abogada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que los contratos por horas, que afectan mayoritariamente a mujeres, limitan la prestación por desempleo.
El Tribunal Económico Administrativo Central, que depende del Ministerio, unifica los criterios dispares entre autonomías, aunque la última palabra la tendrá el Supremo.
Los recortes eternizan las listas de espera para que se materialice esa atención incluso a las personas que tienen ese derecho reconocido.