Los hechos se remontan a agosto de 2007, cuando el demandante contrató un producto estructurado "muy complejo y de alto riesgo" valorado en 521.476 euros y por el que entregó 600.000 euros.
La mayoría de los ciudadanos cree que falta transparencia, aunque hay quien echa en falta "cultura financiera" para poder "tomar decisiones responsables".