Acción contra el Hambre España ha despedido a dos trabajadores por contratar servicios de prostitución

Acción contra el Hambre España despidió a 2 trabajadores en los últimos siete años (desde 2011) por contratar servicios de prostitución en Mali y Filipinas, aunque no lo hicieron con fondos de la ONG, según ha explicado la organización unos días después de que saliera a la luz el escándalo de Oxfam Reino Unido en Haití, donde miembros del personal de la organización contrataron a prostitutas, entre las que habría menores, utilizando dinero de la entidad.

La sección española de Acción contra el Hambre reportó cinco casos de conducta inapropiada desde 2011, de los cuales solo dos fueron probados y estuvieron vinculados a "uso del mercado sexual" en Mali y Filipinas. En ambos casos, según han explicado a Europa Press la portavoz de la ONG, Alicia García, los trabajadores fueron despedidos. Las otras tres denuncias no se pudieron verificar, aunque se despidió a una persona por otras razones añadidas y hubo dos dimisiones durante la investigación. A nivel de red internacional aún están consolidando los datos.

Según ha explicado García, Acción contra el Hambre cuenta con un código de conducta específico que todo trabajador firma al mismo tiempo que el contrato, en el cual se especifica que está "terminantemente prohibido" cualquier tipo de "acoso sexual, abuso sexual, relaciones sexuales con niños, agresión sexual, explotación sexual o cualquier otra contribución al mercado del sexo". Si contravienen el código de conducta son automáticamente despedidos.

Además, si una persona es despedida por conducta no ética, el caso queda archivado en la base de datos de Recursos Humanos de la organización de forma que la ONG en los diferentes países pueda tener acceso a ella. Desde 2011, según ha precisado, vienen mejorando la gestión de sus bases de datos. Además, desde hace unos años también han puesto en marcha un protocolo contra el acoso sexual entre sus trabajadores.

No obstante y como ya han puesto de manifiesto otras organizaciones desde que saltara a la luz el escándalo de Oxfam en Reino Unido, la Ley de Protección de Datos les impide comunicar las causas del despido a otras ONG que se pongan en contactoi para pedir referencias sobre el trabajador. En estos casos, solo pueden decir que dicho empleado fue despedido por violación del código de conducta.

En esta línea, Acción contra el Hambre España muestra su voluntad de mejorar algunos mecanismos, con cambios regulatorios, para poder compartir más información con otras ONG de forma que empleados que han sido despedidos por comportamientos de este tipo no vuelvan a ser contratados en el sector. "Este tipo de conductas atentan claramente contra nuestros valores y principios", asegura.

LOS BENEFICIARIOS DE LAS ONG, AFECTADOS

En cualquier caso, García pide que no se juzgue a todo el sector de las ONG por unas pocas "manzanas podridas" porque recuerda que los más afectados son los beneficiarios de los cientos de proyectos que estas organizaciones tienen en marcha en todo el mundo y que viven en situaciones de vulnerabilidad y pobreza.

"Manzanas podridas hay en todas partes, lo importante es que haya mecanismos para detectar y sancionar estos casos y para darles un seguimiento de manera que se puedan prevenir este tipo de conductas en el futuro. Sería muy injusto, por un puñado de casos que son irrelevantes para el volumen de contratos que tenemos al año, juzgar a todo un sector por el peligro que esto supone a la ayuda que está llegando a millones de personas", ha subrayado García.

La sección española de Acción contra el Hambre cuenta con 70.000 socios y desde que saltó la noticia sobre Oxfam en Haití, cuatro personas se han dado de baja porque están "desencantados con el sector". García también explica que han recibido preguntas a través de redes sociales a las que han respondido explicando sus mecanismos de prevención y control.

Solo la sección española de la ONG --donde trabajan 1.800 personas-- llega con su ayuda a 5 millones de personas en el mundo. A nivel de la red internacional, el número de beneficiarios de los proyectos asciende a 15 millones de personas.