Uno de cada cuatro indultos en 2017 fueron para condenados por corrupción

El Gobierno concedió un total de 26 indultos en el año 2017, de los que seis fueron a condenados por el delito de prevaricación, según datos de la Fundación Civio. El resto fueron por delitos contra la salud pública, estafa, lesiones, delitos contra el medio ambiente, robo y hurto.

Los seis indultados por el Gobierno que habían sido condenados por prevaricación son los funcionarios y exconcejal del Ayuntamiento de Rota (Cádiz) condenados por el caso conocido como 'caso horas extra' y que gracias a este perdón parcial del Ejecutivo evitaron entrar en prisión.

El caso tiene su origen en la adjudicación irregular de contratos de suministro a un funcionario del Ayuntamiento de Rota y a su esposa entre 2004 y 2010 para la elaboración de trabajos de bordados para las bandas de sirenas, ninfas de carnaval y damas de las fiestas patronales y otros elementos ornamentales como peones, dalmáticas y los trajes de los maceros.

La Fundación Civio denuncia que la prevaricación es uno de los delitos considerados como corrupción por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que haría que uno de cada cuatro indultos que concedió el Gobierno el pasado año fuera para condenados por corrupción.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido en diversas ocasiones en que el Gobierno no indulta a condenados por corrupción.

Entre las peticiones de gracia concedidas por el Ejecutivo en 2017 hubo otras doce por delitos contra la salid pública, que es además el delito más indultado en términos absolutos desde 1996. El resto de indultos del año pasado fueron a parar a condenados por estafa, lesiones, delitos contra el medio ambiente, robo y hurto.

En total en 2017 fueron concedidos 26 indultos frente a los 27 que se otorgaron en 2016. En el primer trimestre de este año el Gobierno ha concedido ya 9 indultos, cinco de ellos por solicitud de las cofradías de Semana Santa.

Cinco de estos indultados en 2018 habían sido condenados por delitos contra la salud pública, dos de ellos por tráfico de drogas, uno por robo y otro por falso testimonio.