Rajoy, Santamaría o Montoro, entre los más de 500 testigos del juicio del procés

El tribunal que juzgará el proceso independentista en el Tribunal Supremo ha aceptado la declaración en el juicio de más de 500 testigos -incluida la lista íntegra de los 256 solicitados por la Fiscalía- entre otros al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro Cristóbal Montoro, el expresidente de la Generalitat Artur Mas y al actual lehendakari Iñigo Urkullu.

Así se señala en el auto de admisión de prueba, de 145 páginas, que fue notificado este viernes por la sala de siete magistrados que juzgarán este asunto a partir del próximo 12 de febrero.

TRAPERO, ARAGONÉS, RUFIÁN, TRÍAS

También se interrogará al actual vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, --que era secretario de Economía en el momento de los hechos-- al exalcalde de Barcelona Xavier Trias, y al que fuera Mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y a la intendente Teresa Laplana, ambos pese a su condición de procesados por rebelión y sedición, respectivamente, en una causa diferente que se ha instruido en la Audiencia Nacional por hechos relativos al referéndum del 1 de octubre.

Se citará igualmente al actual presidente del Parlament, Roger Torrent, diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá, la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el ex delegado de Gobierno en Catalunya, Enric Millo.

Además, han sido llamados como testigos numerosos diputados del Parlament en el momento de la Declaración de Independencia de Catalunya (DUI), entre ellos el cantautor Lluís Llach, el exportavoz de En Comú Podem Xavier Domènech, el magistrado suspendido por elaborar una Constitución para Catalunya Santiago Vidal, los cuatro exconsellers de Puigdemont que dimitieron el pasado mes de julio y los exmiembros de la Mesa de Parlament procesados por el juez Pablo Llarena y que finalmente serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), con excepción de Ramona Barrufet.

Se suman a la lista la letrada judicial del juzgado número 13 de Barcelona, Montserrat Toro --que tuvo que abandonar por los tejados la Conselleria de Economía debido a la concentración del 20 de septiembre de 2017--, los observadores internacionales para el 1-0 contratados por el Diplocat y al exjefe de los Mossos que sustituyó a Trapero, Ferran López.

Del mismo modo se llamará al secretario general de la UGT, José María Álvarez, al que fuera número dos de Junqueras Josep Maria Jové, al exsecretario de Hacienda de la Generalitat Josep Lluís Salvadó y ciudadanos que resultaron lesionados en los hechos enjuiciados, agentes de policía y guardias civiles que también sufrieron heridas.

QUEDAN FUERA EL REY Y COSIDÓ

Se quedan fuera otros testigos como el rey Felipe VI, que había sido solicitado por varias de las defensas, porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, al no admitir nuestro sistema el "testigo por sustitución".

Tampoco se llamará al expresidente Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía en el mismo proceso, como es la secretaria general de ERC, Marta Rovira, cuyas declaraciones por videoconferencia habían sido solicitadas también por varias de las defensas.

En su auto, la Sala razona que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo.

Tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por la acusación popular del ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014 ni la de Pilar Rahola, al estimar los magistrados que "son prescindibles las valoraciones de la testigo propuesta".

Se rechaza también la prueba propuesta como testigo de Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP. En la resolución se indica que las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento ya fueron hechas valer por las defensas en el incidente de recusación tramitado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, incidente rechazado por unanimidad de los magistrados que integran esa Sala especial.