La querella contra Banco Popular complica la compra por parte del Santander

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional en el que se solicita que se amplíe la querella interpuesta en junio de 2017 contra Banco Popular.

En concreto, pide que se extienda la investigación a otras personas presuntamente responsables, pero sobre todo quiere que el origen temporal de la presunta falsedad contable de la información financiera y de los estados contables de la entidad se analicen al menos desde el ejercicio 2008.

Para OCU, la falsedad se manifestó de forma "evidente" en la información financiera suministrada en la ampliación de capital anunciado en mayo de 2016, si bien se pregunta desde qué momento Popular venía ocultando al mercado su verdadera situación, ya que entonces generó una apariencia de solvencia y beneficios cuando su situación "real era de pérdidas millonarias".

La organización asegura que las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha por la Audiencia Nacional se desprenden al menos veinte indicios relevantes que ponen en evidencia que las "graves irregularidades contables en el seno de Popular tuvieron su origen al menos en el año 2008".

En junio de 2017, OCU presentó su denuncia contra la antigua cúpula de la entidad resuelta y posteriormente comprada por el simbólico precio de un euro por Banco Santander, entre los que figuran el expresidente de la entidad Ángel Ron, el exvicepresidente Roberto Higuera y el exconsejero delegado Pedro Larena, además de contra la auditora PwC y el socio que firmó la cuenta, Pedro Barrio, por presunta falsedad contable y estafa a los inversores.

En un principio, el letrado que presentó la querella en nombre de OCU, Eliseo Martínez, apuntó solo a las cuentas del ejercicio 2016, en las que sostuvo que se distorsionó de manera intencionada la información con la que contaron los consumidores a la hora de actuar sobre operaciones con Popular.