domingo, 28 de abril de 2024 22:36
Internacional

El Gobierno británico defiende la legalidad española ante las críticas de una treintena de diputados

El 'speaker' de los Comunes dice que Puigdemont sería bienvenido y el secretario de Estado evita pronunciarse sobre la euroorden
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Christopher Pincher




El secretario de Estado británico para Europa, Christopher Pincher, ha defendido este martes 15 de octubre el sistema legal español y ha insistido una y otra vez en que el proceso independentista catalán es un asunto que debe resolverse en España ante una treintena de miembros de la Cámara de los Comunes.


Pincher se ha sometido al cuestionamiento urgente de los parlamentarios, en su mayoría del Partido Nacional Escocés (SNP), todos con su lazo amarillo en apoyo de los presos independentistas, pero también algún conservador, laborista y liberal-demócrata, además de los galeses de Plaid Cymru.


"Los tribunales españoles son independientes, sus procesos son transparentes y sólidos, las penas que ponen los tribunales son asunto de los tribunales y la ley española es cosa de España", ha dicho el secretario de Estado. Los tribunales, ha proseguido, han "emitido sentencias que, gusten o no, se deben obedecer".


Mientras los diputados afirmaban que "en Cataluña se pega a la gente por defender sus derechos" o advertían de que si los sucesos hubieran tenido lugar en otro país Londres ya habría reaccionado, Pincher ha señalado que la ley española es clara y los independentistas sabían lo que hacían: "los que hicieron uso de fondos públicos para ese referéndum ilegal sabían que estaban rompiendo la ley y por tanto deben aceptar que la ley se aplique".


Lo que sí ha hecho es animar a gestionar con "gran cuidado" y "sobriedad" la situación desde el punto de vista policial. "Por supuesto que el Gobierno británico deplora cualquier forma de opresión pero también cualquier disturbio que socave la legalidad y dañe la propiedad o la seguridad individuales".


El debate ha propiciado que el presidente del Parlamento británico, John Bercow, haya afirmado que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, sería "extremadamente bienvenido" a hablar ante la Cámara, a raíz de una pregunta sobre si Puigdemont podría ir a Reino Unido sin miedo a ser extraditado a España.


En su respuesta, el secretario de Estado ha agradecido a Bercow que recuerde los derechos que tienen ellos y los "amigos" de expresarse ante la Cámara y ha evitado pronunciarse sobre una orden de detención hasta que no se ejecute, como es costumbre del Gobierno.


Bercow no ha seguido el resto del debate, que ha pasado a estar dirigido por la vicepresidenta y Pincher ha salpicado el debate de alusiones veladas a la política doméstica británica diciendo a los diputados que o están a favor de los jueces o están en contra. "Si empezamos a cuestionar lo que deciden los jueces y a pensar que podemos decidir mejor entraremos en la barbaridad que ustedes están mencionado", ha dicho.


El asunto de Puigdemont lo ha suscitado la laborista Emily Thornberry, que ha tildado la sentencia del 'procés' de "equivalente judicial" a la actuación policial de hace dos años en la calle, "dura, innecesaria y contraproducente".


No obstante, Thornberry, del partido 'hermano' del PSOE, ha señalado que la crisis la había "heredado" el Gobierno de Pedro Sánchez y ha apoyado su enfoque de "diálogo pacífico y eventual acuerdo dentro del marco constitucional".


NO ES POSIBLE UN REFERÉNDUM


Pincher también ha argumentado que el derecho de autodeterminación debe ejercerse dentro de la ley y en España "eso requiere un cambio constitucional" que correspondería a España, no al Gobierno o al Parlamento británico.


"Constitucionalmente, España no puede tener un plebiscito secesionista sin un cambio en la Constitución, como en Francia, como en Italia, tenemos que apoyarla mientras esté en vigor", ha proseguido.


También ha rebatido a quienes han tildado al sistema español de "régimen", ha recalcado que en Cataluña hay libertad de expresión, como se demuestra en las elecciones y en el Parlament, y ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado "una solución pacífica y justa" a la situación. 

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