Balón de oxígeno para las empresas: el Gobierno amplía la devolución de los créditos ICO hasta un máximo de 8 años

El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación del plazo para la concesión de avales ICO hasta el 30 de junio de 2021 y la extensión del plazo de devolución en tres años más, hasta un máximo de ocho años. “Autónomos y empresas dispondrán de más tiempo para recuperarse. Se estipula que las entidades financieras deberán responder a las solicitudes de ampliación en un máximo de 30 días”, ha sostenido la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Según ha comunicado Calviño, las medidas de apoyo a los afectados por el coronavirus están siendo eficaces, pero deben ser adaptadas a cada momento en un entorno cambiante para dar respuesta a posibles problemas de solvencia que puedan generar que empresas viables tengan que cerrar por la caída de la actividad económica derivada de la pandemia.

Además, Calviño ha afirmado que “la crisis sanitaria puede suponer que muchas empresas sufran una caída de ingresos. Se trata de apoyar a empresas solventes”. Se amplía a todo 2021 a que las juntas de socios se celebren por medios electrónicos. Se extiende durante seis meses el plazo para cambiar las pesetas a euro.

En este sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que introduce una serie de medidas relacionadas con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como la ampliación del plazo para la concesión de avales de las dos líneas en funcionamiento hasta el 30 de junio de 2021 y la extensión del plazo máximo para devolver los créditos en tres años, hasta un máximo de ocho años, y del periodo de carencia hasta un máximo de 24 meses.

Debido a que la intención del Gobierno es apoyar a las empresas solventes, los solicitantes no podrán encontrarse en situación de concurso de acreedores o su préstamo en mora.

Calviño ha destacado que el 73% de las operaciones concedidas con cargo a la línea de liquidez tenían un plazo de devolución de entre 4 y 5 años, por lo que con estas medidas las empresas y autónomos dispondrán de más tiempo para recuperar su actividad y hacer frente a sus obligaciones financieras.