Un exsenador del PSOE declara este miércoles como investigado por un contrato a Villarejo

El exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín declara este miércoles como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su presunta participación en un encargo al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo para espiar al exdueño de la constructora Martinsa-Fadesa Fernando Martín.

El juez del caso 'Tándem' también ha citado el expresidente de Persán José Moya Sanabria, al que fuera directivo de esta empresa Raúl Jara Lorenzo y Leticia Sánchez Mendoza, citados también como investigados por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Además, escuchará a Antonio Fernández López, que comparece como testigo al estar personado como acusación particular.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 formó la pieza separada número 25 del conocido como 'caso Villarejo' para investigar lo que el comisario jubilado denominó como 'proyecto Saving'.

Se trata de un encargo en el que el exsenador Francisco Rodríguez habría actuado presuntamente como intermediario y que podría tener un precio que iba desde los 375.000 euros a 1,2 millones, e incluiría análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas.

RECONOCIMIENTO DE DEUDA

Según adelantó 'El Mundo' y confirmaron fuentes jurídicas, el objetivo de este encargo era mejorar la posición jurídica y negociadora de la empresa de José Moya Sanabria en relación a un reconocimiento de deuda de Martinsa-Fadesa.

El proyecto tiene su origen en la operación Fadesa, "formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa".

Cuando en 2010 Moya ejercitó esa opción de venta, la constructora ya había decretado la suspensión de pagos dos años antes, por lo que el empresario de productos de limpieza e higiene personal llevó a cabo varias acciones para reclamar el crédito sin éxito. Finalmente en 2011, decidió acudir a Villarejo.

Para abordar el problema, el comisario jubilado diseño un plan para recuperar el estatus jurídico de Moya; disponer de capacidad negociadora para beneficiar sus intereses; y ayudarle a dejar de figurar como deudor ante la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía.