domingo, 20 de agosto de 2017 09:59
Politica

El Consejo de Ministros aprueba los proyectos de ley del sector ferroviario y de carreteras

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El Gobierno ha dado luz verde en el Consejo de Ministros de este viernes a los proyectos de ley sobre sector ferroviario y de carreteras, así como a dos decretos para declarar la situación de sequía en las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura y adoptar medidas excepcionales en ambos.

La reunión del Consejo de Ministros estará presidida por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y contará con la asistencia de todos los miembros del Gabinete, a excepción de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que se encuentra en Estambul (Turquía) para asistir en la Cumbre Ministerial de Agricultura del G20.

El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente la Ley Ferroviaria, que ya estudió el pasado 13 de marzo y que flexibiliza el canon ferroviario, el peaje que las compañías ferroviarias deben pagar a Adif por circular por las líneas de tren y utilizar las estaciones, con el fin de fomentar la entrada en el sector de empresas privadas que compitan con Renfe.

La nueva ley suprime el denominado canon de acceso, el que se paga por entrar a operar en la red ferroviaria, modifica el resto de cánones de Adif e introduce un régimen de bonificaciones "para que quienes realicen una mayor actividad tengan mayor retorno", según detalló la ministra Ana Pastor.

De esta forma, Fomento persigue aumentar la oferta de servicios ferroviarios, tanto los de transporte de mercancías como los de viajeros. El tráfico de carga en tren se liberalizó en 2005, pero no ha logrado una destacada cuota de mercado frente a Renfe, mientras que el transporte de viajeros en tren está previsto que se abra a la competencia en la segunda mitad de este año.

Un total de 27 empresas privadas, además de la pública Renfe, cuentan actualmente con licencia de empresa ferroviaria. Nueve de ellas tienen licencia para operar tráficos de mercancías y viajeros, otras cinco sólo para trenes de pasajeros y las trece restantes, sólo para transporte de carga.

En concreto, en virtud de la nueva ley, Renfe y estas empresas privadas que quieran prestar servicio de transporte de carga o viajeros en tren tendrán que abonar a Adif, empresa pública titular y gestora de las infraestructuras ferroviarias, tres cánones por usar las vías y otros cinco por utilizar otros servicios.

Los cánones por uso de las vías son el canon por adjudicación de capacidad (por el 'slot', el tramo de vía y el horario por el que Adif le autorice a prestar servicio), el canon por utilización de la vía y el canon por utilización de instalaciones de energía (por suministro de energía eléctrica para la tracción de los trenes).

En cuanto a los cánones o peajes a pagar por el resto de servicios, incluyen el canon por uso de estaciones de viajeros, el canon por cambio de ancho de vía (instalaciones para que los trenes pasen de una línea de AVE a una convencional), el canon por utilización de vías con andén, el canon por utilizar vías en otras instalaciones de servicio y el canon por utilización de puntos de carga para mercancías.

LEY DE CARRETERAS

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente la Ley de Carreteras que, entre otras medidas, impedirá la especulación urbanística con los terrenos próximos a la zona en la que se planifique la construcción de una nueva carretera, de forma que se permitirá suspender cautelarmente todas las recalificaciones urbanísticas en la zona desde el momento en que se proyecte la vía.

De esta forma, el Gobierno impide que se repita el caso de las radiales de Madrid y otras autopistas de peaje de reciente construcción, que actualmente están en quiebra en parte por el sobrecoste pagado en las expropiaciones de los terrenos necesarios para su construcción.

La nueva Ley también habilitará al Gobierno a declarar "nulas de pleno derecho" todas decisiones urbanísticas que se adopten sin considerar las necesidades de la gestión de las carreteras.

Con la aprobación del nuevo texto legal, el Gobierno busca actualizar la legislación en materia de carreteras, que data de las décadas de los setenta y los ochenta, para incluir los cambios registrados desde entonces en el sector y garantizar una adecuada prestación del servicio público viario. La red de carreteras del Estado, que suman 26.200 kilómetros de longitud, soporta el 51% del tráfico total de vehículos y el 63% del tráfico de vehículos pesados.

Para ello, la Ley incluye medidas para garantizar la optimización de los recursos públicos, la seguridad vial y la gestión de las carreteras.

Así, la norma obligará a que todo proyecto de una nueva vía se someta a un "análisis previo de eficiencia e intermodalidad" para decidir sobre su construcción, según detalló la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, el texto incluye la realización de evaluaciones de impacto sorbe la seguridad vial de las carreteras, tanto en su fase de planificación como en su construcción y explotación.

En cuanto a la seguridad social, la Ley permitirá a Fomento, a través de la Dirección de Carreteras, "ordenar" retirar publicidad de la red de carreteras y de las travesías urbanas en caso de que "pueda afectar a la seguridad vial o la explotación de la vía".

SEQUÍA EN EL JÚCAR Y EL SEGURA

Asimismo, el Gobierno tiene previsto dar luz verde en este Consejo de Ministros a dos decretos para declarar la situación de sequía en las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura.

La aprobación de estos decretos posibilitará igualmente la adopción de medidas excepcionales para intentar paliar la situación en las zonas afectadas.

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