sábado, 21 de octubre de 2017 14:21
Opinión

Prácticas nocivas

Consol Prados
Consol Prados

A raíz de la movilización ciudadana - la marea blanca- contra la privatización de la sanidad pública en la comunidad de Madrid, escribía en su día reflexiones en torno a esta cuestión en este mismo medio. Hoy, y siguiendo el asunto del caso Innova, vuelvo a insistir. Innova, como otros casos, como las autovías que ahora debe sufragar el estado, o el caso boda, o el rescate de los bancos... La socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios.

A raíz de la movilización ciudadana - la marea blanca- contra la privatización de la sanidad pública en la comunidad de Madrid, escribía en su día reflexiones en torno a esta cuestión en este mismo medio. Hoy, y siguiendo el asunto del caso Innova, vuelvo a insistir. Innova, como otros casos, como las autovías que ahora debe sufragar el estado, o el caso boda, o el rescate de los bancos... La socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios. Y con prácticas corruptas que nos rompen todo, corruptelas que no pueden quedar impunes, por dignidad colectiva, por justicia, como defensa de lo público, para el fortalecimiento de la democracia. Estos años de austeridad nos demuestran la mala lectura de los gobiernos que cuestionan la viabilidad del Estado de Bienestar sin entrar a fondo en aquellas prácticas nocivas que ahora hacen saltar todo por los aires. Estamos vemos como la respuesta no es la privatización de los bienes públicos que se aprovecha de la crisis para defenderse, sino la limpieza.


En el caso de la sanidad. La salud es un derecho fundamental, no es un bien mercantil. Y si hay empresas privadas interesadas, es que ven ganancias. Si la sanidad puede generar beneficios, lo que habría que serían reformas necesarias para hacer el sistema más sostenible. Sostenible, no lucrativo. El riesgo lucrativo de la salud significa reducir costes, y sabemos que esto repercute en la gente con menos recursos y en la derivación de otros hacia entidades privadas. Los supuestos beneficios no repercuten en los usuarios ni en el sistema, sino en los accionistas - o en las corruptelas. Mal negocio para los ciudadanos, buenísimo por los conglomerados que en estos momentos se mueven como buitres. Destruir el sistema universal y público de salud es destruir mucho, que acabamos pagando doblemente los ciudadanos y sobre todo los más vulnerables. Esto es lo que está en peligro.


Privatizar servicios públicos es transferir recursos públicos (de los contribuyentes) a manos privadas o inversores. Desprenderse de patrimonio colectivo cuesta dinero a los ciudadanos. A largo plazo no está demostrado que la gestión privada resulte ni más eficaz ni más barato. Recordemos qué pasó con las privatizaciones generalizadas que impulsó Margaret Thatcher. Algunos de los servicios que pasaron a manos privadas ni ganaron en eficiencia ni en eficacia, al contrario, perdieron valor. En el Reino Unido la administración tuvo que salir en ayuda de los usuarios y como consecuencia se produjo la paradoja de mantener una gestión privada sostenida con fondos públicos pero sin el control público.


Los casos que van saliendo día sí y día también ponen de manifiesto que no todo el problema es el elevado coste de los servicios públicos, es fruto también de prácticas nocivas del mismo sistema. Es insostenible ética y económicamente que los gobiernos sometan los derechos subjetivos a las disponibilidades presupuestarias, ya la vez el presupuesto público tenga que sufragar los agujeros del sistema que han provocado fraudulentos beneficios privados.


Por eso una vez más defiendo que hay valentía y rigor, un replanteamiento cuidadoso, las reformas necesarias, y no los recortes de forma lineal ni la defensa de la privatización con la excusa de la crisis. Atacar el sector público es poner en riesgo el concepto de colectivo y aumenta el déficit democrático.

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