jueves, 14 de diciembre de 2017 18:12
Economía

La junta de CaixaBank aprueba un plan de retribución variable para hasta 80 personas

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La junta anual de accionistas de CaixaBank ha aprobado este jueves por amplia mayoría un plan de retribución variable a largo plazo en acciones para el equipo directivo y "empleados clave" que estima en un máximo de 80 personas y que va ligado a objetivos de rentabilidad.

Diversas organizaciones sindicales y algunos pequeños accionistas han votado contra este plan, que va ligado al plan estratégico 2015-2018, por lo que su duración es la de estos cuatro años, aunque podría ser liquidado anticipadamente. El número máximo de acciones a entregar al conjunto de beneficiarios --en el primer semestre de 2019 si no hay liquidación anticipada del plan-- será de 3.943.275, de las cuales 261.578 corresponden al consejero delegado, Gonzalo Gortázar, y 163.486 al vicepresidente, Antonio Massanell.

El plan no atribuye a los beneficiarios la condición de accionista de CaixaBank, por lo que las acciones no van acompañadas de derechos económicos ni políticos ni de cualquier otro derecho vinculado a la condición de accionista.

También se ha aprobado por mayoría, con votos en contra de sindicatos y pequeños accionistas, la retribución del consejo, así como la retribución variable para los consejeros ejecutivos y para 15 empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera significativa en el perfil de riesgo de la entidad --el secretario del consejo, Alejandro García-Bragado, ha señalado que en otras entidades no son 15 personas sino varios centenares--.

MIEMBROS DEL CONSEJO

El presidente de CaixaBank, Isidre Fainé, ha agradecido la dedicación como consejeros de Javier Godó y David K.P. Li, que abandonaron el consejo en 2014, y ha dado la bienvenida al consejo a Massanell, Gortázar y el socio chino de la participada Bank of East Asia (BEA) Arthur K. C. Li, del que ha destacado su experiencia financiera. La junta ha ratificado estos nombramientos, y ha aprobado la reelección de Salvador Gabarró (Gas Natural Fenosa) y Francesc Xavier Vives.

Los accionistas también han aprobado múltiples cambios en los estatutos y el reglamento de la junta para introducir mejoras técnicas y para adaptarlos a las nuevas normativas, como la reforma de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito --y el Real Decreto que la desarrolla, de febrero de 2015--.

REPROCHES

Un portavoz de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Catalunya (Aicec-Adicae) ha reprochado a CaixaBank el mantenimiento de las cláusulas suelo en las hipotecas, así como la rentabilidad "cada vez más baja para los depositantes" y la proliferación de comisiones, incluyendo la comisión de dos euros en los cajeros para no clientes. En respuesta, Gortázar ha defendido la sensibilidad social de la entidad incluyendo el tema de la vivienda, y ha puesto el ejemplo de que 270.000 familias han renegociado su hipoteca con CaixaBank durante la crisis, y "cuando no ha habido más remedio" se han aceptado daciones (más de 20.800), muchas con la continuidad de la familia en la vivienda con un alquiler social subvencionado por la Obra Social La Caixa.

Respecto a las comisiones, Fainé ha expuesto: "Nuestra voluntad es que nuestros clientes sean fans de La Caixa, pero no podemos trabajar gratis". Un representante de CC.OO. ha criticado la apertura de las sucursales por las tardes dado que ya se ofrece "el mejor servicio a la clientela" con el horario habitual de las oficinas y la banca telemática --por Internet y el móvil--, y ha considerado que otras entidades que han seguido este camino no han obtenido unos frutos muy buenos.

UGT ha incidido en su petición de que la Fundación Bancaria La Caixa continúe teniendo el control de CaixaBank como garantía de la buena marcha de la entidad y de la supervivencia del antiguo modelo de cajas de ahorros.

El SIB, sindicato mayoritario en la entidad en Baleares, ha rechazado las retribuciones variables para la cúpula mientras hay "plantilla insuficiente en las oficinas".

Desde Adicae y la Federació d'Estalvi de Catalunya también han criticado la indemnización de 15 millones de euros por la salida del anterior consejero delegado, Joan Maria Nin, a mediados de 2014.

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