lunes, 11 de diciembre de 2017 14:21
Sociedad

Castilla-La Mancha y Valencia siguen facturando a 'sin papeles' la atención en Urgencias

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Aministía Internacional España (AI) denuncia que en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha se siguen emitiendo compromisos de pago y facturas a inmigrantes en situación irregular o 'sin papeles' cuando son atendidos en Urgencias, a pesar de que la reforma sanitaria de 2012 garantiza esta asistencia.

Esta entidad ha publicado este lunes el informe 'Sin tarjeta no hay derecho' para denunciar la "violación de derechos humanos" que ha generado el Real Decreto que impulsó hace tres años la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, para dejar sin derecho a la tarjeta sanitaria a este colectivo.

Desde entonces, según datos del propio Gobierno relativos a enero de 2014, los últimos por ahora disponibles, un total de 748.853 personas se han quedado sin tarjeta y han quedado excluidos de poder ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) salvo en caso de Urgencias, embarazo o ser menores de edad, cuya asistencia sí está garantizada.

Y de ellos, sólo 730 personas se han suscrito a los convenios especiales que les garantizaba una prestación mayor mediante el pago de 60 a 157 euros al mes.

Sin embargo, ha lamentado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, el "caos organizativo" y la "falta de evaluación y seguimiento" de esta decisión ha propiciado que siga habiendo centros donde se trate de cobrar la atención en Urgencias o se deniegue la Atención Primaria a personas que sí están cubiertas.

LAS CCAA MÁS CUMPLIDORAS CON LA REFORMA

El informe se centra en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana ya que son las dos regiones que están aplicando la norma "con más rigor" y en las que los inmigrantes irregulares "más están sufriendo las consecuencias".

La comunidad manchega, es la única que no ha aplicado ninguna medida adicional para "paliar" sus efectos, al contrario que han hecho otras regiones impulsando sistemas, programas o circulares administrativas para ampliar la cobertura de este colectivo.

Y en el caso de la Comunidad Valenciana porque, pese a haber puesto en marcha el Programa Valenciano de Protección de la Salud para atender a personas sin recursos, éste ha "fracasado estrepitosamente".

De hecho, Koldo Kasla, autor del informe, ha asegurado que en esta comunidad los programas informáticos de los servicios de Urgencias emiten "de forma sistemática" compromisos de pago a aquellos pacientes que no tienen tarjeta sanitaria, mientras que la factura solo llega al domicilio en algunos casos "sin que haya unos criterios claros".

En Castilla-La Mancha la emisión de facturas y cartas de compromisos de pago no es generalizada y depende de los centros e incluso del personal que atiende, ya que existe "mucha desinformación". No obstante, reconocen que algunos centros han dejado de hacerlo, mientras que en otras la situación cambia cuando el paciente acude acompañado de un representante de una ONG.

En otras comunidades como Andalucía, Cataluña, Asturias o Cantabria también se produjeron este tipo de irregularidades, según han reconocido, pero fueron puntuales y se acabaron solventando.

GENERA UN EFECTO "DISUASORIO"

El problema, ha añadido Pilar Botija, miembro de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria y de Odusalud, es que genera un "efecto disuasorio" en muchos más pacientes que "tienen una enfermedad, no se arriesgan a ir y no sabemos donde se quedan". "La población más vulnerable no nos está llegando", ha lamentado.

Además, critican que en aquellos casos que sí son atendidos en Urgencias no se les da cita con un médico especialista ni en Atención Primaria para continuar su atención, a pesar de que la norma establece que debe continuar hasta recibir el alta médica.

"Garantizar la protección de la salud requiere un abordaje integral, desde que ingresa hasta que sana", ha recordado esta experta.

"CAUTELA" ANTE EL ANUNCIO DE PERMITIR SU ACCESO A ATENCIÓN PRIMARIA

De hecho, desde Amnistía Internacional ven con "cautela" el anuncio del actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de preparar una norma para permitir a los inmigrantes irregulares ser atendidos en Atención Primaria.

"De momento está todo en el limbo", ha reconocido el director de la organización, ya que todavía se desconoce qué documento va a permitir la atención de este colectivo y qué va a pasar si hay que derivar al especialista o se les receta algún medicamento.

No obstante, Beltrán insiste en que "la única forma" de solventar este problema es volviendo a la universalidad de la atención sanitaria que existía antes "eliminando o modificando sustancialmente" la reforma, y garantizando que el derecho a la salud sea un derecho fundamental.

Además, ha criticado que se haya justificado la medida en que permitirá aligerar los servicios de urgencias cuando hay estudios que demuestran que la población inmigrante acude a estos servicios una media de tres veces al año, frente a las siete veces de media de los nacidos en España.

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