La Fiscalía retira la acusación a 12 de los 59 exsocios de PwC juzgados por un fraude de 40 millones

La Fiscalía ha retirado la acusación a 12 de los 59 socios y exsocios de la firma de servicios profesionales Pricewaterhouse Coopers (PwC) que se enfrentan a penas de entre 2 años y 14 años y 10 meses de cárcel por un presunto fraude fiscal de 40 millones de euros en la operación de venta de la división de Consultoría a la multinacional estadounidense IBM, informaron fuentes jurídicas.

La representante del Ministerio Público ha realizado esta solicitud al comprobar que en el caso de estos 12 acusados la cuota presuntamente defraudada no superaba el límite de los 120.000 euros contemplado para la tipificación del delito de fraude fiscal.

En la primera sesión del juicio, que se celebraba este lunes, el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, ha acordado la suspensión de la vista oral por un plazo de 20 días, a fin de que las defensas tengan tiempo para ampliar los informes periciales que han aportado al procedimiento. Los acusados para los que se pide la máxima pena son Miguel Fernández de Pinedo, expresidente de PwC y administrador único de la firma; y César Rodríguez Ramos y José María Tajadura, administradores solidarios de PwC Consulting. Para los tres se solicitan 14 años y 10 meses de cárcel y multas que superan los 100 millones de euros.

En el juicio oral también se dirimirá la responsabilidad civil subsidiaria de Pricewaterhouse Coopers y sus divisiones de Auditores, Asesores de Negocio y Jurídico y Fiscal así como contra IBM Global Services España (como sucesora de PricewaterhouseCoopers Consulting).

Los socios acusados, que presuntamente defraudaron al erario público cantidades superiores a los 120.000 euros, tienen nacionalidades española, inglesa, francesa, irlandesa y austriaca.

Según el Ministerio Público, los hechos investigados son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública Estatal y Foral Vasca, cuatro contra la Hacienda Pública Estatal, cincuenta delitos contra la Hacienda Pública Estatal, cinco delitos contra la Hacienda Pública Foral de Vizcaya y un delito contra la Hacienda Pública Foral de Álava.

DOS OPERACIONES INVESTIGADAS

La primera operación descrita por la Fiscalía Anticorrupción consistiría en que los socios de PwC no habrían declarado 20,9 millones de euros en concepto de los bonus que percibieron en enero de 2002 como retribución por su trabajo en la operación de venta de PwC Consulting a IBM.

"Los socios omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la correspondiente a la realidad de los hechos", señala el escrito del Ministerio Público. La venta, según la acusación pública, se produjo en octubre de 2002, por lo que en el momento en el que se percibieron los bonus (enero de 2002) "ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, las cuales comenzaron en el mes de julio".

Paralelamente, las cuatro sociedades en las que los socios prestaban servicios omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF correspondientes al rendimiento de trabajo percibido. Así, PwC Auditores dejó de ingresar a Hacienda 4 millones de euros, PwC Jurídico y Fiscal 1,65 millones, PwC Asesores de Negocio 848.869 euros y PwC Consulting 3,1 millones.

Los imputados, según Anticorrupción, habrían presentado la operación de venta como una operación de reestructuración empresarial a fin de defruadar otros 18,3 millones de euros correspondientes al Impuesto de Sociedades. Como consecuencia de esta "operación simulada", la Fiscalía señala que Pricewaterhouse Coopers --propietaria de la filial de Consultoría-- "transmitió a sus socios las participaciones de la División, siendo los propios socios de Pricewaterhouse Coopers y no la sociedad quienes formalmente vendieron la División a IBM".

Posteriormente, los socios habrían declarado "indebidamente" en su IRPF las cuotas debidas por dicha venta "al aplicar la antigüedad de otros valores que no fueron los vendidos". Como consecuencia de estas dos operaciones, se defraudaron presuntamente 12 millones de euros.