martes, 22 de agosto de 2017 13:05
Opinión

Suspiros de Andorra

Robert Pastor
Robert Pastor



No es ningún pasodoble, ni ha llegado de España. Los suspiros andorranos han sido de alivio inicial. El primero y principal, la nota del consulado de los EE.UU., con sede en Barcelona, según el cual las autoridades del Tesoro de ese país recibirían la propuesta de aplicar una norma que "si se adopta, prohibiría a entidades financieras de Estados Unidos abrir o mantener cuentas con la Banca Privada de Andorra", pero añade: "No existe ninguna sanción económica asociada a esta norma". 

No es ningún pasodoble, ni ha llegado de España. Los suspiros andorranos han sido de alivio inicial. El primero y principal, la nota del consulado de los EE.UU., con sede en Barcelona, según el cual las autoridades del Tesoro de ese país recibirían la propuesta de aplicar una norma que "si se adopta, prohibiría a entidades financieras de Estados Unidos abrir o mantener cuentas con la Banca Privada de Andorra", pero añade: "No existe ninguna sanción económica asociada a esta norma".

El gobierno andorrano ya había hecho sus cálculos de la multa que podría caer, en principio, sobre los accionistas de la BPA, a escala de las que fueron impuestas recientemente en la BNP-Paribas francesa (más de 9.000 millones), o en el HSBC del Reino Unido (1.900), o la considerada probable el Commerzbank alemán (1.450 millones). Aunque el cálculo abarcaba un espectro muy amplio y menor (de 50 a 600 millones) resultaría del todo imposible de asumir por la entidad afectada, sobre todo la cantidad más elevada, y habría que esperar a una posible responsabilidad subsidiaria del Estado mismo, que tampoco tendría suficiente «músculo financiero» -como se dice últimamente a la falta de recursos- para hacerle frente.

Hay que recordar que el miedo a la sanción fue uno de los motivos declarados por el ministro De Guindos para negar el rescate de Banco Madrid, que por denuncia -tardana, por lo que parecía del organismo de control Sepblac en la Audiencia Nacional-, por supuesto blanqueo de dinero, facilitado por «el escaso control en la admisión de clientes» que se atribuye a la entidad.

Y también es hora de decir que los crímenes que proporcionaron el dinero sucio supuestamente blanqueados por personas concretas del banco andorrano se cometieron fuera; sustancialmente en España -por la mafia china de Gao Ping y la rusa de Petrov- o más lejos -a Venezuela y México-. Quizá por eso, y por tanta peste a podrido, varios medios españoles han ido tan lejos en las denuncias y supuestas informaciones negativas sobre el sistema financiero del principado pirinenco y sobre el pequeño país vecino en general.

Además de la noticia favorable, como quita de encima una amenaza de quiebra segura, y no sólo para la BPA, la aceleración de las instituciones políticas locales ha sido espectacular: el mismo miércoles santo era investido Antonio Martín y nombraba el segundo gobierno, aunque incompleto a la espera de decidir, con las fuerzas opositoras, si es necesario hacer efectiva la oferta de formar un gabinete de concentración nacional, multicolor, para garantizar mejor la unanimidad para encarar la crisis. El primer paso, la dotación de la «Ley de medidas de reestructuración resolución bancaria», rápidamente rebautizada popularmente como «ley BPA», fue aprobada el día siguiente con el voto de 26 de los 28 consejeros generales (miembros del Parlamento) y la oposición de los dos Socialdemócratas progresistas (SDP), que encuentran indicios de interferencia con el poder judicial y de inconstitucionalidad.

Sin embargo, la legislación aplicable no permite la impugnación de una ley aprobada si no es por un mínimo de cinco miembros de la cámara, o por los copríncipes. Con el instrumento en la mano, de vigencia prevista a partir del próximo día 15, y con la implicación del órgano controlador de las finanzas (INAF) y la asociación que agrupa toda la banca (ABA) crear la Agencia de reestructuración (Arreb) y proveer el fondo (Farreb) para resarcir clientes, inversores y proteger a los casi trescientos trabajadores. El Arreb acogería -apartados- los fondos sospechosos de origen criminal y blancas, estableciendo un banco malo a imagen del Frob español, a cargo de los propietarios de la entidad afectada y el Farreb -con aportaciones fijadas inicialmente en 30 millones de euros -como garantía- evidentemente parcialmente para titulares de cuentas e inversores.

Sobre estas bases debe comenzar la cuenta atrás -que el Gobierno ha establecido en un mes- para examinar a fondo la magnitud de la tragedia -el volumen de fondos ilícitos- y el de los «sanos», un trabajo que hace días inició la entidad independiente norteamericana PricewaterhouseCoopers (PwC), contratada por el INAF, que se mira una por una las operaciones de la BPA entre el 2013 y el 2017, los años bajo sospecha.

Del resultado dependerá el futuro, no ya de la Banca Privada -al menos no se prevé que se pueda salvar el número-, sino de una entidad saneada sobre los fondos útiles, tal vez asumida por otro u otros bancos del país (como querrían los principales propietarios) o vendida a alguna entidad extranjera que, según el Gobierno, ya habría dos de interesadas, una de las cuales es española y otra suiza.

Mientras tanto, la justicia, (la andorrana) tampoco descansa ni se relaja. Por un lado, al encarcelamiento incondicional del consejero delegado y director general de la entidad investigada, Joan Pau Miquel, y la toma de declaración voluntaria de uno de los gestores señalados de la empresa madre y de la española -Mauricio Escribano- los portavoces del personal confirmaron a la prensa la detención de tres altos cargos «muy cercanos a la dirección general» y por «alguna orden judicial bajo el secreto del sumario».

Otras partes la mantienen también ocupada: los propietarios del banco al 80 por ciento, los hermanos Higini y Ramon Cierco, con los recursos contra la intervención de su empresa, acompañados de demandas por daños y perjuicios. Los clientes damnificados empiezan también a acudir a los tribunales y la primera querella ha sido por «frustración de medios de pago» (no poder usar tarjetas, talones, cajeros automáticos ni efectuar reintegros) y estafa.

Toni Solanelles, en el Diario de Andorra, unos días antes de todo esto, publicaba una guía para poder orientarse en este laberinto, un "quién es quién en el caso BPA», donde destacaba un personaje extranjero que parece una de las claves de vuelta: lo que llama «empresario de las libretas», Rafael Pallardó Calatrava, que sería el origen de las acusaciones al máximo ejecutivo de BPA, y del que dice literalmente:

"Empresario del sector de la marroquinería, titular de sociedades como Bolsos Orientales, Gold City, Compañía Oriental de China o Línea Milano, unas libretas con apuntes financieros que se le requisaron en uno de los registros que la policía hizo en locales vinculados con él cuando lo detuvieron (octubre de 2012) en el marco de la operación Emperador y unas recientes manifestaciones ante la fiscalía española y la policía andorrana, fueron la clave de la detención y siguiente encarcelamiento del ex consejero delegado de BPA Joan Pau Miquel. Nacido en Valencia en 1964 y residente en Barcelona (en las calles Nicaragua, Rocafort y Alí Bei tenía sus centros de operaciones), se movía también entre Madrid e incluso China. Los investigadores del caso Emperador lo consideran, según el sumario al que ha tenido acceso el Diario, "uno de los más activos y más importantes miembros de la organización. Su tarea fundamental sería encargarse del envío de dinero no declarado o negro como se dice vulgarmente de España hasta China". Y para ello construyó toda una red de colaboradores entre los que había dos personas con pasado andorrano y detenidos también en el marco de la misma causa: el empleado de BPA Sergi Fernández Genés y el consultor financiero Oriol Mestre Rissé.

De las libretas decomisadas en los registros, la policía española llegó a la conclusión de que en diecinueve meses, Pallardó, uno de los jefes de la red de lavado de dinero que operaba en paralelo y, supuestamente, de común acuerdo con la mafia liderada por Gao Ping, habría conseguido mover de España hacia China unos setenta millones de euros. Y una buena parte lo habría conseguido, supuestamente, a través de cuentas de BPA, que no siempre iban a su nombre. Pallardó reconoce en algunas de las llamadas telefónicas que la policía le intervino y que constan en el sumario que más que las tiendas de bolsos, collares o cinturones, su modus vivendi son las comisiones que recibe para blanquear. En las libretas contables que le requisaron aparecerían apuntes que, asegura el imputado, recogerían los pagos de supuestas comisiones a Joan Pau Miquel para facilitar el tránsito de dinero a través de BPA. Para justificar el movimiento de dinero falsificaba facturas usando su entramado empresarial. O el de otros. Por ejemplo, el del actor de cine pornográfico Nacho Vidal. En suma, una red poco erótica pero, durante tiempo, muy efectiva.



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