jueves, 19 de octubre de 2017 16:48
Politica

Fiscalía acusa a las defensas de intentar una "maniobra dilatoria" 

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La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a las defensas de los 13 acusados en la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a presuntas irregularidades en las contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, de intentar una "auténtica maniobra dilatoria" al solicitar la suspensión del juicio y ha mantenido que éste "debe celebrarse", tal y como ha ordenado el Tribunal Supremo (TS).

Así se ha pronunciado una de las fiscales encargadas del caso, Ana Cuesta, en su turno de intervención en la segunda sesión del juicio de esta pieza 3 del caso Gürtel, que ha obligado a sentar en el banquillo a dos exconselleras de Turismo del equipo de Gobierno de Francisco Camps: Milagrosa Martínez (actual alcaldesa de Novelda) y Angélica Such.

La fiscal, Ana Cuesta, ha indicado que las cuestiones previas presentadas por los abogados de los acusados -este lunes--, "con absoluto respeto hacia el derecho de defensa", vislumbran "una auténtica maniobra dilatoria". Ha aseverado que el juicio debe celebrarse, tras ordenarlo el TS en la resolución en la que determinó que la competencia para el enjuiciamiento de esta pieza era el tribunal valenciano.

El TS dijo "de forma clara" --ha agregado-- que este juicio "debía de señalarse sin demora". "El TS dice que hay que evitar que se produzcan dilaciones indebidas en este procedimiento. Esto solo puede materializarse si se celebra el juicio, con todo el respeto a los derechos fundamentales, y con absoluto respeto a la legalidad y a la imparcialidad", ha apostillado.

También ha advertido de que va a poner a disposición de la Sala "todas las circunstancias que concurran", bien sean favorables y desfavorables, "para defender la legalidad con absoluta imparcialidad". "Si a lo largo del juicio -ha dicho-- observamos que hay que hacer modificaciones favorables para los acusados, las realizaremos. Porque es nuestra función en base al ordenamiento jurídico y la Constitución". Así mismo, ha justificado tanto las detenciones de los considerados cabecillas de la trama como las intervenciones telefónicas, porque "no hay irregularidades" y las mismas se ajustan a la ley, ha puntualizado.

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