viernes, 15 de diciembre de 2017 01:51
Politica

La Audiencia de A Coruña absuelve a los siete exconcejales de Santiago inhabilitados en junio

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La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha notificado este viernes una sentencia en la que se absuelve a los siete exconcejales de Santiago que fueron condenados a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación en juicio celebrado en Santiago en mayo de 2014 y, por tanto, revoca la sentencia condenatoria anterior (lea aquí la sentencia actual) (y aquí la sentencia anterior).

Los exconcejales absueltos son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Caste­lao, Francisco Noya y Luis García Bello. Cuando fueron juzgados, todos ellos coincidieron ante el tribu­nal en considerar legal su actuación, que justificaron con informes jurídicos, en contra del criterio de la Fis­calía, que insistió en que se habían explicitado unos condicionantes para pagar la defensa al edil que no fueron tenidos en cuenta. Ahora, la Audiencia Provincial de A Coruña dice que "no cabe apreciar que la decisión enjuiciada constituya la flagrante e inequívoca vulneración del ordenamiento jurídico, adoptada con conciencia del quebrantamiento del derecho en que se incurriría, que es precisa para su castigo como la infracción de prevaricación que se imputa, lo que determina la absolución de los acusados". La resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Para los magistrados de la Audiencia, "el tenor literal del acuerdo podrá ser poco claro, técnicamente deficiente o contradictorio con la precisión exigible para el reconocimiento de obligaciones a cargo de fondos públicos, pero desde esta misma perspectiva literal que acoge la acusación no hay base suficiente para estimar ignoradas o preteridas las exigencias contenidas en el informe jurídico del secretario del ayuntamiento".

La Sala reconoce que el acuerdo por el que se aprobó pagar la defensa jurídica de un concejal imputado "no recoge textualmente el condicionamiento que contiene el informe jurídico", pero entiende "que ello sea fruto de una consciente elaboración prevaricadora de todos o alguno de los imputados para eludir tales condicionamientos es una hipótesis que no aparece más creíble y razonable ?y por ello, no es apta para enervar la presunción de inocencia- que la tesis alternativa, según la cual, como siempre había ocurrido según se dijo por todos los declarantes, al aprobarse un acuerdo se asumía también, como elemento integrador de su contenido o sentido, el informe o informes que lo acompañaban y avalaban, salvo que se expresara otra cosa".

ANTECEDENTES

Los siete concejales del PP en Santiago de Compostela, inicialmente condenados a nueve años de inhabilitación, anunciaron su dimisión conjunta el 2 de junio de 2014 tras una reunión con la dirección autonómica del PPdeG que se prolongó durante dos horas. Entonces, y por boca de la que era la portavoz del gobierno local, María Pardo, los ediles volvieron a defender su inocencia y anunciaron que presentarían recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que ahora los absuelve.

A raíz de estas dimisiones, el entonces alcalde, Ángel Currás, que también estaba imputado en la Pokémon, inició la reorganización del equipo de gobierno. Sin embargo, siete días después de ese anuncio el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, impuso su decisión de que Agustín Hernández, que figuraba en el número 25 de la lista de las municipales de 2011, asumiese el bastón de mando en el Ayuntamiento compostelano.

Pese a ello, Ángel Currás siguió en la corporación local del Ayuntamiento compostelano, en el que la mayoría de ediles que forman el gobierno local no participaron en la candidatura de las municipales de 2011. De hecho, sólo la responsable de Turismo, Reyes Leis, permanece como edil desde el inicio del mandato, ya que también dejaron la corporación ediles como Rebeca Domínguez y Adrián Varela, imputados en la Pokémon.

Finalmente, Currás, que había sustituido en la Alcaldía a Gerardo Conde Roa --condenado por un delito fiscal a dos años de cárcel--, también dejó el Consistorio compostelano el mes de noviembre de 2014, momento en que también dejó de existir la Concejalía de Relaciones Institucionales que ocupaba y que había sido creada cuando dejó el bastón de mando en manos de Hernández.

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