martes, 24 de octubre de 2017 05:45
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Los acusados de Terra Mítica reclaman la prescripción de los delitos

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Los letrados de los acusados en la causa Terra Mítica -en la que se ha investigado un fraude de 4,4 millones euros a través de una presunta trama de facturas falsas por trabajos no realizados en el parque temático de Benidorm- han aprovechado el primer día de juicio para solicitar la prescripción del delito fiscal -relativo al pago del IVA del año 2000- y el de falsedad documental. "Están infundados", ha remarcado uno de los abogados. Así mismo, han requerido la nulidad de las grabaciones.

La vista de este macrojuicio, que lleva investigándose más de diez años, ha arrancado este lunes en la Audiencia de Valencia a las 10.15 horas, una hora más tarde de lo previsto ante la ausencia de un letrado. La jornada se ha destinado a cuestiones previas, mientras que las declaraciones de los 35 acusados -inicialmente había 38, pero uno ha fallecido y contra dos se sobreseyó la causa- comenzarán a partir del 13 de abril.

Tras solicitar el fiscal la incorporación de nueva jurisprudencia a la causa y oponerse las defensas, le ha llegado el turno a los abogados del parque, quienes ejercen de acusación y defensa. Esta parte ha centrado su intervención en solicitar la prescripción del delito fiscal por el pago del IVA en el año 2000, requerimiento al que después se han adherido el resto de las defensas.

El delito fiscal prescribía en el momento de los hechos a los cinco años de haberse cometido, tal y como contemplaba el Código Penal. De esta forma, según mantienen tanto los abogados del parque como de los acusados, el plazo de prescripción del delito comenzaría a contar el 31 de enero de 2001 -el presunto fraude se cometió con el IVA del año 2000-- y concluiría el 31 de enero de 2006.

El caso se archivó en enero de 2006 puesto que Hacienda no había dado trámite a los acusados antes de formular su denuncia en Fiscalía a finales de 2005, y en junio del mismo ejercicio el juzgado decidió reabrir las actuaciones tras haber completado la Agencia Tributaria el trámite requerido y al ver que seguían en vigente los supuestos delitos cometidos.

Sin embargo, cuando el procedimiento fue abierto, según mantienen estas defensas, el delito fiscal del IVA del año 2000 ya había prescrito hacía cinco meses, en enero de 2006. Pero no para Fiscalía y la Abogacía del Estado, quienes mantienen que el posible delito se consuma cuando se materializa el pago del IVA por parte de los acusados o de Hacienda, que fue en julio de 2001, con lo que su prescripción sería en julio de 2006.

LA FALSEDAD, CONECTADA

Con este argumento también han estado de acuerdo las defensas de los acusados -exdirectivos del parque y empresarios-, quienes han incidido en solicitar la prescripción de este delito al fijar el límite de cómputo de años el 31 de enero de 2001. También han reclamado la prescripción del delito de falsedad documental al estar conectado con el anterior. Si no hay delito fiscal, tampoco existe el de falsedad, han remarcado.

"Es evidente que el delito de falsedad no puede existir por sí solo, sino que se mantiene conectado con el delito fiscal", ha aseverado el letrado de Luis Esteban, expresidente del parque. Los letrados han solicitado al tribunal que resuelvan esta cuestión antes de comenzar con las declaraciones de sus representados.

Por su parte, el abogado del empresario Vicente Conesa ha ido más allá y junto a estas prescripciones ha realizado otra serie de solicitudes, entre ellas, ha requerido la nulidad de las grabaciones entre miembros del PSPV y los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero García en las que se relacionaba a su cliente y al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana con el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del parque temático.

Este letrado ha justificado esta petición en que Moreno y Herrero no sabían que los miembros del PSPV les estaban grabando cuando realizaron esta serie de manifestaciones relacionadas con Terra Mítica; y en que "se ofreció una especie de ofrecimiento de precio o recompensa si lo que decían los empresarios les era útil para los intereses del partido". Al final, se les ofreció sufragar gastos de defensa, algo que "también han incumplido", ha aseverado.

"En estas grabaciones -ha agregado- hubo un doble engaño del PSPV: no ha ayudado a los gastos de defensa y se ocultó que se estaba grabando. Son dos engaños relevantes que deben llevar a la nulidad de las grabaciones". Así mismo, ha requerido la nulidad de la comisión rogatoria enviada a Andorra, por el presunto desvío de dinero obtenido ilícitamente a través del parque temático, puesto que la misma se inició precisamente tras las grabaciones sobre las que se ha pedido ahora la nulidad.

Además, este abogado ha alegado indefensión de su cliente ante la postura adoptada por los abogados del parque Terra Mítica. Ha explicado que su representado mantuvo diferentes conversaciones con una de las abogadas del parque antes de que se presentara en la causa como acusación, con lo que ésta "conoce de manera fraudulenta los argumentos de la defensa", por lo que a su cliente "se le está prohibiendo de un juicio justo", ha dicho.

14 EUROS AL DÍA

Los abogados de los acusados que pertenecen al turno de oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) -entre seis y ocho- han solicitado al tribunal la suspensión del juicio hasta que se firme un convenio con la Conselleria de Gobernación y Justicia y consigan una retribución "digna". Como ejemplo, uno de estos abogados ha asegurado que cobra 14 euros por cada sesión de la vista, y con este dinero, además, tiene que hacer frente a la copia de documentos.

"Los letrados del turno no tenemos remunerada toda la asistencia al procedimiento y la única fuerza que tenemos para conseguir que se firme ese convenio con la Conselleria de Justicia es conseguir que el tribunal nos dé esta suspensión que solicitamos", ha aseveraado uno de los letrados.

Otro compañero ha aseverado que la conselleria "es el poder público responsable de proveer de derecho material a la defensa" y, sin embargo, ha lamentado que sobre este macroproceso no se ha estipulado el baremo o la cantidad que deben cobrar los abogados por el trabajo que desempeñan y que "sobrepasan con límites lo que es exigible a un letrado del turno de oficio".

En esta línea, otro abogado ha aseverado que "por mucha buena voluntad y profesionalidad que se tenga, es imposible mantener una defensa igualitaria. Estamos financiando este procedimiento desde nuestro propio bolsillo y rogaríamos a la Sala que hiciera una petición a la Generalitat o a quien corresponda para adelantar o firmar un convenio económico que dignamente permitiera defender a los acusados".

También durante esta primera sesión del juicio, algunos abogados han solicitado poder ausentarse, tanto ellos como sus representados, de algunas declaraciones que no les afectan directamente, a lo que la fiscal se ha opuesto inicialmente, aunque luego también ha dicho que es una práctica habitual esta manera de proceder en macroprocesos.

Con lo que si el tribunal accede a estas peticiones, ha requerido que los acusados estén presentes en todas las declaraciones de los imputados, en las conclusiones y en el derecho a la última palabra. Mañana seguirá el juicio con más cuestiones previas y ante la ausencia de dos acusados por cuestiones médicas.

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