miércoles, 23 de agosto de 2017 17:51
Politica

Govern y ayuntamientos tendrán prioridad para comprar pisos procedentes de desahucios

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El Govern y los ayuntamientos tendrán hasta 2021 derecho a tanteo y retracto en las operaciones de venda de todos los pisos procedentes de desahucios o daciones en pago hechas con posterioridad a abril de 2008 en los 72 municipios catalanes donde hay demanda acreditada y un riesgo elevado de exclusión social.

Así lo establece un decreto ley sobre medidas "extraordinarias y urgentes" en el sector de la vivienda, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila.

El decreto, que entrará en vigor "de forma inmediata", también establece que la Generalitat y los entes locales podrán obligar a las entidades financieras a la cesión temporal y forzosa de sus viviendas para rehabilitarlas de forma subsidiaria y destinarlas a familias en riesgo de exclusión.

Vila ha explicado que estas medidas se adoptan ante la venta de grandes paquetes de títulos hipotecarios y de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias y donde viven situaciones de vulnerabilidad.

Según el conseller, no es lo mismo que la propiedad esté en manos de grandes fondos que en las entidades financieras, quienes "han procurado minimizar el impacto social tal como han podido" de los impagos hipotecarios.

Otras medidas del decreto pasan por obligar a ejecutar obras de rehabilitación de las viviendas vacías que proceden de desahucios o de daciones en pago, y en caso contrario, podrán ser sancionados por haber cometido una infracción grave.

Además, si la vivienda está situada en uno de las 72 localidades con demanda y riesgo de exclusión, la administración podrá exigir su cesión temporal, para que realice las obras de forma subsidiaria y destinarlas a familias en riesgo de exclusión durante un plazo de 10 años.

Las familias que hayan sido objeto de un desahucio y que sigan viviendo en este piso con un alquiler social tendrán la consideración de colectivo prioritario, con la finalidad de garantizar su permanencia en la vivienda y que exista el riesgo de un posible doble desahucio.

También se creará un registro administrativo de viviendas vacías que sean propiedad de entidades financieras y de personas jurídicas, que tendrán un plazo de tres meses para inscribirse.

Los pisos vacíos que son de personas físicas deberán hacerlo cuando se apruebe el reglamento que regule el funcionamiento del registro.

14.230 EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Vila también ha hecho balance de la información que tiene el Govern sobre los desahucios que se produjeron el pasado año, un total de 14.230, de las cuales 10.635 fueron de viviendas propiedad de personas físicas y 3.595, de jurídicas.

Del total de pisos procedentes de una ejecución hipotecaria, la gran mayoría son pisos usados (14.878) y únicamente 1.352 eran nuevos.

En cuanto a los programas sociales que hay para afectados, durante 2014 se beneficiaron de ellos 32.363 familias, un 25% más que en el año anterior, y además, hay otras 25.000 familias que residen en viviendas procedentes del parque público de la Generalitat o de las bolsas de alquiler.

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