CORRUPCION, TABULA RASA

Se extiende en España la percepción de que la corrupción afecta a todas las ideologías y partidos políticos. Tal visión es propiciada no sólo por conglomerados mediáticos afines a las formaciones estigmatizadas por el latrocinio desbocado. Es resultado también del creciente sentimiento sociotrópico que asigna responsabilidades por igual a toda la clase --casta, aseveran algunos-- política.

Se extiende en España la percepción de que la corrupción afecta a todas las ideologías y partidos políticos. Tal visión es propiciada no sólo por conglomerados mediáticos afines a las formaciones estigmatizadas por el latrocinio desbocado. Es resultado también del creciente sentimiento sociotrópico que asigna responsabilidades por igual a toda la clase --casta, aseveran algunos-- política. Así, los corruptos en la política sólo serían el reflejo de unas relaciones de implícita inmoralidad social. Si todo el mundo procura pagar 'en negro' en las transacciones mercantiles, se arguye, ¿qué puede esperarse de la integridad de nuestros representantes políticos?

Se pondera la actividad política como plasmación de las 'malas prácticas' ya imperantes en las relaciones interpersonales de nuestra sociedad. Como consecuencia, se tiende a hacer tabla rasa de los comportamientos de los políticos. 'Son todos iguales' o 'no se salva nadie', son expresiones reiteradas por el común de las gentes. El dedo acusatorio popular tiende a no dejar títere con cabeza en el ejercicio del noble arte de la política en nuestro país. De resultas, se consideran del mismo calibre entuertos diversos que son inconmensurables entre sí por el alcance de su realización o de sus efectos. Equiparar, por ejemplo, un error administrativo en la realización telemática de un trabajo académico a la apropiación indebida de millones de euros del erario público, sirve de ilustración del sofisma más insistentemente propagado en la España electoral de 2105.

En un recorrido inverso al que planteaba el filósofo del empirismo, John Locke, la mente política de los españoles parece que debe configurarse como una tabula rasa o pizarra en blanco incapaz de distinguir los diversos efectos de las corruptelas varias. Al ser todas niveladas con el común denominador de la inmoralidad abstracta, no sería posible para los españoles desarrollar una idea cabal de su propia experiencia política. Se habría vuelto, de tal manera, a la candorosa percepción de un mundo sin aristas ni perfiles en el que no cabe separar el grano de la paja. Y en el que toda conducta espuria está justificada.

Agravante del proceso de indecencia política es su supuesta 'democratización'. Es decir, la rampante obscenidad y exposición pública de los sucesos infames implican discrecionalmente a decisores públicos de derecha, centro e izquierda; lo que les pondría a todos ellos en un mismo plano de culpabilidad. Además, la exhibición impudorosa de las conductas reprobables, tan características en el meridión europeo, alimentan los juicios aviesos de nuestros socios europeos. Nótese que ellos suelen mostrar un celo efectivo en tapar sus vergüenzas tras las puertas cerradas ('behind closed doors').

No parecen existir eximentes ni tipologías en el despliegue de las conductas reprobables. Lo mismo sería aceptar el soborno de un inversor privado por conseguir una recalificación urbanística, pongamos por caso, que dilapidar el dinero de los contribuyentes para incrementar el lucro privado de unos pocos. Pero la alevosía de los depredadores de las arcas públicas es una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal. Se trata, como se sabe, del uso de instrumentos, trámites o medios en la comisión de la corruptela que procuran evitar riesgo alguno para el ejecutor del delito. ¿Qué práctica podría ser más alevosa que escudarse en la legitimidad otorgada por los ciudadanos, tras la celebración de unas elecciones democráticas, para cometer una infracción en beneficio propio?; ¿qué mejor justificación inmoral que enriquecerse personalmente siendo representante popular?

Es una asunción generalizada en amplios sectores sociales que los corruptos se van 'de rositas'. Se significa con ello que, tras la reprobación y sentencia de los actos cometidos, los políticos implicados mantienen como propios los frutos de sus tropelías. En el caso del robo de dinero público está por cerciorarse que los culpables devuelvan lo hurtado. Hace unos años se produjo en Italia un caso de corrupción que implicó a un dirigente de un partido menor que había recibido ingentes cantidades de dinero público, y que él había camuflado en beneficio propio. Con tales ganancias el implicado incrementó su patrimonio personal con la compra de un lujoso apartamento en el centro de Roma. En un arranque de arrepentimiento, el político se mostro 'dispuesto' a negociar una quita de su peculio personal, pero manteniendo su suntuario habitáculo.

Además de la devolución del dinero robado a los contribuyentes por los corruptos confesos, los media harían bien en generalizar su indispensable labor de información mostrando los casos de enriquecimiento visible y escabroso por parte de políticos que, tras su etapa como representantes políticos, exhiben sin pudor sus signos de riqueza. Abundan casos de trabajadores por cuenta que, tras su paso por las instituciones, se han convertido en 'millonarios'. Los efectos patológicos de tales casos en las actitudes y creencias de los electores son deletéreos, aunque necesitan exponerse a la luz pública.

No extraña que el nivel e impunidad sea mayor en aquellas sociedades como la española donde parece aceptarse la visibilidad de las corruptelas con resignación y fatalidad. Pero como certeramente ya apuntó Karl Popper, los electores en una sociedad abierta mantienen incólume su capacidad de cambiar el gobierno. Seguramente no puedan alterar como podrían desear las conductas corruptas inherentes a la condición humana. Pero si pueden elegir a otros representantes alternativos, para lo cual deben interesarse en el debate de programas y manifiestos electorales, y en la valoración ética de los candidatos y aspirantes al poder institucional.

La política puede y debe ser revitalizada en este año de consultas electorales en España. Como ya apuntara Joaquín Costa en el tránsito finisecular decimonónico, se requieren 'cirujanos de hierro' para desactivar la corrupción que, como por aquel entonces, tanto condicionó a la Restauración borbónica (1874-1931). Se trataba entonces de un sistema caciquil donde, según el pensador aragonés, predominaba 'el gobierno de los peores. Las ideas regeneracionistas tuvieron un gran impacto en su tiempo, pero cayeron en saco roto. El fracaso de tales ideas conformó uno de los factores más decisivos en el proceso de desestructuración que culminó en nuestra devastadora Guerra Civil. Es desaconsejable transpolar mecánicamente escenarios del pasado a situaciones actuales y de futuro. Pero de la superación de las políticas negativas del chalaneo y la corrupción en España depende, asimismo, que podamos preservar la cohesión social de quienes habitamos la más espaciosa casa común europea.