lunes, 18 de diciembre de 2017 00:25
Politica

El Consejo de Ministros permitirá recurrir al TC la ley catalana de acción exterior

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Cuando el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso (todos se admiten salvo error formal en la redacción del recurso), acordará también suspender la vigencia de la ley en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución, suspensión que tendrá validez para un máximo de cinco meses. Antes de que concluya este plazo, el tribunal deberá decidir si prorroga la suspensión o la levanta. La Generalitat además tiene derecho a recurrir la suspensión de su ley.

La ley catalana de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea entró en vigor el 12 de diciembre pasado. Su redacción está cuidada con esmero, por eso el Gobierno español solo ha decidido recurrirla cuando ha comprobado qué uso hacía de ella la Generalitat.


En los últimos meses la Generalitat ha tomado distintas decisiones en materia de acción exterior que han alarmado al Ejecutivo en tanto en cuanto parecen desconocer que la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno de la Nación y que las autonomías deben mantener el principio de unidad de la acción exterior del Estado, según fuentes gubernamentales. A finales de diciembre la Generalitat publicó un decreto por el que anunciaba la apertura de nuevas delegaciones de la Generalitat en Roma y Viena. Sin embargo, comunicó la medida al Gobierno español tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Generalitat, cuando la ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado le obliga a avisar con carácter previo, pues los Ministerios de Exteriores y Hacienda deben elaborar sendos informes no vinculantes sobre la oportunidad y conveniencia de tal decisión. De ahí que el Gobierno haya decidido también recurrir estos decretos por la vía de lo contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.


Alentar la secesión


Pero además, y en palabras del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, el Gobierno percibe un intento por parte de la Generalitat de que estas nuevas delegaciones se parezcan cada vez más a una Embajada -que solo puede abrir el Ejecutivo español- y está convencido de que no se abren para defender los intereses catalanes o promover su lengua y su cultura, sino "para alentar el proceso secesionista".


Objetivo que choca claramente con la obligación que tienen las Comunidades Autónomas de no actuar en contra de la política exterior de España, que dirige el Gobierno español, tal y como especifica la Constitución española en su artículo 97.
Una sentencia posterior del Tribunal Constitucional de 1994 fijó los límites que debe tener la acción exterior de las CCAA, cuya actividad no puede incidir en la política exterior del Estado, ni generar responsabilidades para el Estado frente a otros países extranjeros u organizaciones internacionales, entre otras cosas. Otra de las decisiones controvertidas adoptadas por la Generalitat tras la entrada en vigor de la ley catalana de acción exterior es el cambio formal en el cargo del jefe de la delegación catalana ante la UE.


El pasado 13 de enero la Generalitat catalana nombró al periodista catalán y exportavoz de la Comisión Europea Amadeu Altafaj como su "representante permanente ante la Unión Europea". Catalunya tiene una delegación en Bruselas desde 2004. Fue la primera oficina de representación política que Catalunya estableció fuera de España, a la que posteriormente seguirían otras en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y próximamente se unirán Austria e Italia. Hasta la fecha, al frente de estas oficinas estaba un "delegado" de la Generalitat, pero el nombramiento de Altafaj es el primero en el que el Gobierno autonómico denomina formalmente a este cargo político "representante permanente".


El problema estriba en que se trata del mismo término con el que se denomina a los embajadores de España ante las organizaciones internacionales, de ahí que el Ejecutivo también haya decidido recurrir este aparente movimiento de la Generalitat de elevar el rango de su representante en Bruselas, para lo que tiene de plazo hasta mediados de este mes.
Entre tanto, el Gobierno ha remitido un escrito a la Generalitat dándole la oportunidad de rectificar el nombramiento del representante permanente si quiere evitar el recurso. Sin embargo, el Ejecutivo no ha recibido por parte del Gobierno catalán muestra alguna de querer dar un paso atrás.

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