miércoles, 16 de agosto de 2017 19:14
Politica

Catalá advierte al sustituto del juez Ruz que puede ser recusado si no es independiente

|

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que el juez José de la Mata, que sustituirá en la Audiencia Nacional a Pablo Ruz, cuenta de inicio con su "confianza absoluta" pero le ha advertido de que, si no es independiente, se le puede recusar.

En un desayuno informativo, Catalá se ha referido así al nombramiento de José de la Mata, que fue director general del Ministerio de Justicia con el último Gobierno del PSOE, como sustituto de Ruz en el juzgado que instruye casos como Gürtel y Bárcenas.

"No me parece que haber trabajado en una administración publica con un gobierno democrático inhabilite a nadie para el desempeño, pero eso hay que acreditarlo y demostrarlo en el que hacer cotidiano", ha explicado.

Catalá ha dicho que todos los nuevos magistrados -incluido De la Mata- designados tras el macroconcurso de traslados de plazas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuentan de inicio con su "confianza absoluta" para el desempeño profesional e independiente de sus funciones.

No obstante, ha avisado de que, "si no es así, cada uno de ellos sabrá que consecuencia puede tener en términos de recusación, pero eso son extremos finales que espero no haya que llegar en ningún caso".

La Comisión Permanente del Poder Judicial otorgó el pasado martes la plaza a José de la Mata por ser el aspirante con mayor antigüedad, al resolver un macroconcurso de traslados para 364 plazas de magistrados.

Al respecto, el titular de Justicia ha criticado que la antigüedad sea el principal criterio para la cobertura de plazas de jueces, al defender un sistema en el que prime también la cualificación y la especialización como requisitos fundamentales para valorar la candidatura.

"Que el magistrado que ocupe la plaza de un juzgado titular de instrucción con la complejidad que tienen esas plazas sea el mas antiguo de los que lo han pedido no me parece un criterio de selección", ha asegurado. Dicho esto, ha agregado, como es "el sistema vigente, bienvenido sea".

En su opinión, todas las profesiones del sector público como los médicos, docentes y justicia "deberían incorporar al sistema de provisiones de puestos elementos cualitativos que permitan que los mejores ocupen los puestos más cualificados".

ES COMPATIBLE LA IMPUTACIÓN CON EL CARGO POLÍTICO

Rafael Catalá se mostró contrario a que los políticos imputados en investigaciones deban abandonar sus responsabilidades públicas hasta que no existan evidencias más firmes sobre una posible culpabilidad.

Catalá se refirió a este tema en momentos en que existen en España cientos de imputados, muchos de ellos cargos políticos, en investigaciones relacionadas con la corrupción, que han situado este último asunto como la segunda preocupación para los ciudadanos, y en un año en el que se celebran elecciones municipales, autonómicas y generales.

"La mera imputación no debería significar la exclusión de responsabilidades públicas porque estamos conociendo periódicamente y con mucha frecuencia imputaciones que finalmente se archivan", dijo el titular de Justicia en un desayuno informativo. "La imputación no puede llevar consigo una tacha anticipada de culpabilidad", agregó.

El Gobierno del Partido Popular aprobó en diciembre una batería de medidas contra la corrupción que imponen condiciones más duras a los partidos frente a casos internos de corrupción, ponen límites a la financiación de las formaciones políticas y dotan de más medios a la justicia para que se aceleren los procesos.

El Ejecutivo trata así de hacer frente al auge de formaciones como Podemos - un partido que abandera la indignación popular contra altos cargos financieros y políticos en el contexto de una profunda crisis económica. Catalá dijo que la retirada de responsabilidades sólo debería llevarse a cabo en el caso de que exista una acusación formal o haya una apertura de juicio oral. "¿Cómo se restituye el honor, la profesión y la carrera de personas que hipotéticamente tienen que dejar de hacer su actividad si luego se produce el archivo (de la causa)?. Creo que esa reflexión debería estar presente", agregó.

Estas declaraciones se producen una semana antes de que el presidente de Melilla y candidato en las listas de la ciudad autónoma, el 'popular' Juan José Imbroda, deba declarar como imputado en un caso de supuesta prevaricación, después de que el Tribunal Supremo abriera un procedimiento en su contra. "A lo mejor se archiva, ¿por qué no va a ir en listas si se archiva? Si no se archiva, si fuese objeto de una acusación de una sentencia, tiene una consecuencia totalmente distinta", sostuvo Catalá.

EL AÑO ELECTORAL MARCA EL RITMO

El Gobierno acelerará este mes la tramitación de sus amplias reformas en materia de justicia para aprovechar el inicio de un año electoral que condiciona los tiempos políticos y parlamentarios. "Si vemos calendarios legislativos, los tiempos habituales del Congreso y el Senado, una reforma, un proyecto de ley que se presente más allá de marzo, tendrá graves dificultades para ser aprobado en el resto de la legislatura, salvo que tenga un procedimiento legislativo extraordinario", dijo Catalá.

El ministro anunció que la próxima semana el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el proyecto de la ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que iniciaría el trámite parlamentario de una reforma cuyo anteproyecto levantó cierta polémica por las dudas constitucionales sobre los procedimientos para intervenir las comunicaciones. "Vamos a proceder a una reforma en la que consigamos ese difícil equilibrio entre la eficacia en la investigación (...) y las garantías constitucionales de los derechos de los ciudadanos de tal manera que se pueda llevar a cabo la intervención de las comunicaciones, de los sistemas de información", dijo el ministro.

Catalá justificó la medida en que había que dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas equiparables a las que usan los delincuentes actualmente. "Hacemos un flaco favor a nuestro sistema de Estado de Derecho cuando permitimos que los 'buenos' trabajen con menos herramientas que los 'malos'", dijo Catalá en un desayuno informativo organizado por Thomson Reuters Aranzadi y la asociación de informadores jurídicos ACIJUR.

La ley impondrá también plazos a las instrucciones judiciales, de 6 meses para causas sencillas y 18 meses para las causas complejas, en un país con una lentitud endémica de la Justicia en el que existen multitud de causas abiertas desde hace años para casos de supuesta corrupción política que en ocasiones acaban prescribiendo. "Queremos acabar con las macrocausas", dijo el ministro.

El Gobierno alega que la reforma, que se incluyó en las medidas anticorrupción anunciadas por el presidente Mariano Rajoy en noviembre, está dirigida a agilizar la instrucción y acabar con la sensación de impunidad, especialmente a raíz de casos que han socavado la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones.

Pero las asociaciones que representan a los más de 5.000 jueces que hay en España dijeron cuando se presentó el anteproyecto que ven muy difícil limitar la instrucción a seis meses si la medida no se acompaña de más medios materiales y humanos, y alertan de que limitar la instrucción también podría llevar a sobreseimientos o investigaciones incompletas.

COMENTAR


Pressdigital
redaccion@pressdigital.es
Powered by Bigpress
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL
Mapa Web Condiciones de uso Consejo editorial version mobil