Una denuncia anónima contra Granados decía que el "sobrante" de contratos "vuelve al partido"

Una denuncia anónima presentada en marzo de 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción apuntaba que el "sobrante" de los contratos que los ayuntamientos madrileños firmaban con una empresa de la red de corrupción Púnica, por orden del exsecretario general del Partido Popular de Madrid Francisco Granados, "vuelve al partido".

El escrito, que forma parte del sumario del 'caso Púnica' señala que la empresa Waiter Music, propiedad del empresario José Luis Huerta, imputado en el procedimiento, organizaba "por decreto" las fiestas patronales de "la mayoría de los grandes municipios de Madrid".

"D. Francisco Granados se dedica a llamar a los alcaldes para 'asesorar' y ya de paso llevar a cabo unos contratos muy sobreelevados, en donde una cantidad sobrante vuelve al partido", señalaba la misiva, que fue recibida por la Fiscalía Especial contra la Corrupción el 20 de marzo de 2013.

El denunciante, que remitió la carta por correo ordinario y se identificó como un empresario del sector que pedía el fin de esta "injusticia", apuntaba que "dicho personaje", en referencia a Granados, era en realidad el verdadero propietario de Waiter Music, radicada en el municipio madrileño de Aranjuez, a pesar de que la sociedad "no está a su nombre".

Esta compañía, según el comunicante anónimo, "se dedica a la organización de festejos y servicios municipales en toda la Comunidad de Madrid, normalmente en todos los pueblos grandes donde gobierna el PP". "En el año pasado lleva la práctica de firmar los contratos a nombre de otras empresas para tapar dicha práctica", señalaba antes de añadir que estas compañías suelen ser "proveedores suyos".

PÉRDIDA DE CONTRATOS

El empresario finalizaba su denuncia indicando que había "perdido bastantes contratos" y que esta situación provocaba un importante "agujero" en las arcas municipales de los ayuntamientos afectados, que adjudicaban los contratos a Waiter Music en algunos casos con la "contrariedad" de sus propios alcaldes.

La denuncia fue trasladada a la Fiscalía Provincial de Madrid, que puso los hechos en conocimiento de la Policía Judicial e inició las investigaciones sobre esta parte del procedimiento.