viernes, 18 de agosto de 2017 18:11
Sociedad

El concurso de Ambulancias, bajo investigación judicial

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El pasado miércoles, se hicieron públicos los resultados del concurso de Transporte Sanitario de Ambulancias, que supusieron un vuelco para el sector y quedaron en manos de tres sociedades: Falck Vl, Transports Sanitaris de Catalunya (TSC) y la UTE, formada por las empresas Egara y Lafuente. Pero, el Juzgado de Instrucción 3 de Reus investiga el Caso Innova, para acalarar la "intervención de servicios públicos" en las maniobras de adjudicación.

De esta forma, tal y como continúa un atestado de la Guardia Civil -que actúa como policía judicial- fechado a 10 de enero de 2014 se "pondrían en entredicho los principios de independecia, neutralidad e imparcialidad que deben regir el funcionamiento de la Administración".

A partir de mayo de 2011 irrumpió una fuerte inversión privada como la adquisición de TSC por Investindustrial en ese mismo mes; la compra de Ambulàncies Reus por Ambuibérica en noviembre de ese año y, la compra de Vicente Lázaro por Falck tan sólo tres meses más tarde.

Como era de esperar, el pánico se sembró entre las empresas históricas de este sector y, un informe judicial al que ha tenido acceso El País, señala al consejero de Salud, Boi Ruiz, como el que "podría estar jugando algún tipo de papel mediador" en los intentos de ProA de comprar algunas empresas.

Otro de los principales acusados en estos informes es Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), que aparace como figura central. De hecho, fue en su casa donde se encontraron unos documentos que ya en 2012 describían "una parte del futuro mapa del transporte sanitario en Catalunya", según la Guardia Civil. Tal y como destacan en El País, en una hoja manuscrita se puede leer como el mismo Prat atribuía a Falck (citada como "los daneses") la adjudicación del servicio en el Vallès Oriental y Occidental, donde justamente han logrado las mejores puntuaciones.

Ahora bien, la investigación se queda en un punto muerto ya que todos estos documentos se requisaron en febrero de 2013 (en casa de Prat) y en enero de 2014 (en la empresa de Bernardo Coslado, presidente de la patronal española del ramo) y, por tanto, poco se sabe de lo ocurrido en los últimos 12 meses.

Mientras, y una vez conocidos los resultados, el resto del sector -formado por una quincena de empresas que llevaban la gestión desde hace dos décadas y que han quedado fuera de la adjudicación- trabaja para preparar una estrategia para revertir la adjudicación y presentar una batería de alegaciones que, en caso de ser rechazadas, llevar el concurso a los tribunales.

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