sábado, 21 de octubre de 2017 08:58
Sociedad

El sector progresista del CGPJ exige que se ampare a los jueces que excarcelaron a "Santi Potros"

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Seis vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido por escrito a la Comisión Permanente de este órgano que en su reunión del próximo martes "ponga fin a las injerencias por parte del poder ejecutivo que perturban la independencia" de los jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que excarcelaron a los etarras Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros' y Alberto Plazaola.

En un escrito remitido este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, los vocales Rafael Mozo, Roser Bach, María Concepción Sáez, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda califican de "graves" los hechos detallados por los magistrados, que han solicitado expresamente que el Consejo les ampare, e insisten en que esta institución debe otorgarles "apoyo inequívoco".

Según informaron a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces, los vocales de la Permanente decidirán en primer si admiten o no a trámite la queja de los magistrados de la Audiencia Nacional antes de comenzar un proceso que concluye en dar la protección requerida o denegarla

Los solicitantes, que acusan en su escrito a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de pretender "perturbar" su "independencia", hacen esta petición después de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, recordase a los magistrados del alto tribunal que la vía adecuada es la petición de amparo.

LA IMPUTACIÓN DE DELITOS, UN LÍMITE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En su escrito dirigido al órgano de gobierno de los jueces los magistrados Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez recuerdan que "un límite a la libertad de expresión es la imputación gratuita de actos delictivos".

En este contexto, apuntan que "sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas deliberadamente para imponer su propia voluntad al margen de la ley es atribuir la comisión de un delito de prevaricación".

"Cuando la imputación se realiza desde el Gobierno o por un portavoz autorizado en el Parlamento se puede estar cuestionando la propia de separación de poderes que se establece en garantía de la independencia judicial", señalan los firmantes antes de añadir que este principio se adoptó para que jueces y tribunales no fueran "inquietados ni perturbados por las indicaciones y presiones de los otros poderes del Estado".

"REITERADAS IMPUTACIONES"

En este sentido, trasladan "respetuosamente" al Consejo que las "reiteradas imputaciones, que proceden de autoridades de las instituciones del Estado", perturban su "independencia, necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado atendiendo exclusivamente a la Constitución y la ley".

Del mismo modo, apuntan que "la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de la justicia es una de las bases esenciales del Estado de Derecho", tal y como ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "de manera reiterada" al abordar los límites a la libertad de expresión. "De ahí que la información y la emisión de opiniones sobre las decisiones de jueces y tribunales no deban de minar gratuitamente esa confianza", agregan.

Además de las "manifestaciones críticas" de los dirigentes políticos, los integrantes de la Sección Primera critican "el eco mediático de opiniones en prensa, televisión y radio" que les señalaron como "jueces injustos y prevaricadores" junto a la imagen de sus personas.

CRÍTICAS A LOS JUECES

El escrito recupera las declaraciones que Sáenz de Santamaría realizó el pasado 5 de diciembre, en las que aseguraba que "la ley es muy clara y el criterio de la Sección Primera no cabe en esta ley". "Queremos decírselo también a las víctimas: esto no se puede hacer como lo ha hecho la Sección Primera de la Audiencia Nacional. Lo tenemos muy claro", aseguró.

Fernández Díaz, por su parte, señaló en una entrevista el 7 de enero que la decisión judicial era "lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente". "Conforme a la ley, no podían haber tomado una decisión como esta. Alguien puede pensar que esa decisión se ha tomado deliberadamente con el objetivo de no ajustarse en cuanto a su aplicación de lo que dice la ley sino a la voluntad de los que han adoptado la decisión", añadió.

Por su parte, Hernando calificó de "injustas" estas resoluciones judiciales y afirmó: "No se entiende que en la Audiencia Nacional haya una sección que está a favor de aplicar una doctrina judicial de una determinada forma que siempre es favorable a los terroristas".

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