Uno de los jóvenes condenados acusa a los urbanos de ir a por ellos al ser sudamericanos

Uno de los jóvenes condenados por el caso 4F, Rodrigo Lanza, considera que los agentes de la Guardia Urbana los acusaron de haber dejado inválido a un agente en 2006 por un motivo racista: '¿Dónde están los sudacas de mierda?', dice que oyó gritar a uno de los policías.

"Soy consciente de que fueron a por nosotros porque éramos sudamericanos. Es más fácil condenar a tres sudamericanos que a tres catalanes", ha dicho en rueda de prensa este martes, y ha lamentado que nunca se hayan investigando las torturas que dicen que sufrieron por parte de agentes de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra.

Ha estado acompañado de su madre, Mariana Huidobro; el codirector del documental 'Ciutat morta' -que aborda los hechos- Xapo Ortega; la representante de la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) Laia Serra; el portavoz de la Coordiandora para la Prevención de la Tortura, Andrés García; el de Amnistía Internacional, Daniel Vilaró; y, Silvia García, amiga de la joven que se suicidó tras ser condenada, Patricia Heras.

Laza considera que su inocencia ha quedado demostrada desde el primer día: "Está probado y más que probado. A día de hoy sigo siendo culpable de este delito que no he cometido", ha dicho emocionado.

Su madre ha cargado contra la actitud de quien entonces era alcalde de Barcelona, Joan Clos; contra la todavía titular del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, Carmen García Martínez, que se encargó del caso, y contra la Audiencia de Barcelona, que, según ella, ya tenía la sentencia clara antes del juicio.

"Llevamos años gritando a un muro. Esclarecer la verdad no le va a devolver ni un día de lo que ha sufrido, pero tiene derecho a recuperar la inocencia", ha reclamado la madre, que ha lamentado que el entonces alcalde jamás la recibió.

Tampoco lo hizo el que era responsable de seguridad, Jordi Hereu, para justificar por qué supuestamente se borraron pruebas en la calle Sant Pere Més Baix y que, a su juicio, podrían descartar la responsabilidad de los acusados en la lesión del urbano que lo dejó en silla de ruedas.

DESPEDIDA TRAS EL DOCUMENTAL

Silvia García, abogada de profesión y amiga de la condenada Patricia Heras -que se suicidó-, ha asegurado que el lunes la despidieron de su puesto de trabajo en la empresa del ámbito de la seguridad privada Segur Ibérica; según ha dicho, la han despedido por participar en el documental 'Ciutat morta' -cuya emisión ha vuelto a poner encima de la mesa el caso 4F-, por lo que prevé presentar una denuncia.

La empresa ha negado en un comunicado que haya sido despedida, y ha afirmado que su relación con Segur "se limita a una semana de prueba en la sede central de la compañía en Madrid".

La compañía ha afirmado que el lunes "no se incorporó a su puesto de trabajo en Barcelona, aludiendo su participación en el documental y anunciando su participación en una rueda de prensa", y que está estudiando la conducta por si tuviera incidencia disciplinaria.

Silvia García ha mostrado además su solidaridad con el urbano que resultó gravemente herido y su familia, y ha considerado que la muerte de su amiga "ya solo puede servir para lograr que casos como el 4F no vuelvan a suceder nunca".

ANONIMATO DE UN TESTIGO

Sobre el testigo que en el documental se menciona que sabe quién lanzó un tiesto desde el edificio okupado y que hirió al agente -lo que exculparía a los condenados que no estaban en el inmueble-, Xapo Ortega ha dicho que de momento van a respetar su anonimato, pero que la Fiscalía "hace tiempo que sabe que este testigo existe".

"Tras el suicidio, creyó oportuno decirlo porque no quería soportar más esa carga. Él en ningún caso quiso que su imagen trascendiese", ha añadido el codirector del documental.

Tanto Laia Serra como Andrés García han exigido al Ayuntamiento y a la Urbana abrir una investigación, y consideran también que investigar no es responsabilidad de los familiares, sino de Mossos d'Esquadra y Fiscalía "con los indicios de este documental", pese a que el Ministerio Público ya dijo el lunes que la película no es en sí misma una prueba jurídica.

El portavoz de Amnistía Internacional, Daniel Vilaró, ha acusado a las instituciones de que siguen sin reconocer que las torturas policiales son "un problema persistente al que nadie pone freno", y que no se investigan adecuadamente.