martes, 17 de octubre de 2017 05:59
Sociedad

El ladrón confeso del Códice Calixtino se sienta en el banquillo tres años y medio después del robo del manuscrito

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José Manuel Fernández Castiñeiras, exelectricista de la Catedral de Santiago, se sentará este lunes en el banquillo de los acusados para ser juzgado por el robo del Códice Calixtino, un macroproceso que se abre tres años y medio después de la desaparición del manuscrito medieval de la basílica compostelana y que llevará a los juzgados de Fontiñas a tres acusados y más de 60 testigos.

Este juicio romperá el silencio que Fernández Castiñeiras mantiene sobre este robo desde que, tras su detención en julio de 2012, confesase ser el ladrón del Códice, que había sido sustraído del archivo catedralicio un año antes. En el banquillo, el exelectricista estará acompañado por su mujer y por su hijo, también acusados.

Fernández Castiñeiras, un hombre extremadamente religioso y que durante décadas trabajó como electricista en la Catedral de Santiago, sustrajo el Códice Calixtino de la caja fuerte en la que se encontraba en los primeros días de julio de 2011. Para ello, se valió del acceso en confianza que se había labrado durante años, así como del hecho de que disponía de copias de numerosas llaves de la basílica y que su presencia allí no levantaba sospechas. No obstante, tras su recuperación, los investigadores, capitaneados por José Antonio Vázquez Taín como juez instructor, descubrieron pruebas de más delitos. Según los datos recabados, Fernández Castiñeiras llevaba años sustrayendo objetos y dinero de distintas dependencias de la Catedral, con lo que había acumulado una importante cantidad de dinero en metálico y adquirido propiedades.

El Códice Calixtino, en perfecto estado, fue recuperado el 4 de julio de 2012 en un trastero de su propiedad en la localidad de O Milladoiro, a pocos kilómetros de Santiago. Lejos de entrar a formar parte de la colección de algún millonario, el documento pasó el año de su desaparición envuelto en bolsas de plástico, en un trastero en el que el exelectricista guardaba objetos de diversa procedencia, otros libros de la Catedral y distintas cantidades de dinero.

El juez José Antonio Vázquez Taín envió a prisión tanto a Manuel Castiñeiras como a su mujer e hijo --también acusados--, aunque estos últimos salieron de la cárcel pocos días después. Tras cerrar la instrucción en enero de 2013, el ladrón confeso abandonó la prisión de Teixeiro el día 31 de enero y ha guardado silencio desde entonces --hace casi dos años-- alejado de su domicilio habitual en O Milladoiro, donde sus vecinos dicen no saber nada de él.

El exelectricista de la Catedral ha guardado celosamente su silencio en este periodo y no ha declarado ni siquiera en el juicio previo al que estaba citado esta semana. Fernández Castiñeiras debía comparecer el pasado jueves en los juzgados de Santiago para responder por la supuesta sustracción de correspondencia a sus vecinos. Sin embargo, esa misma mañana tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario, por lo que la vista tuvo que suspenderse.

PENAS

El Ministerio Fiscal acusa a José Manuel Fernández Castiñeiras de ser autor de un delito continuado de robo con fuerza, un delito contra la intimidad, otro delito de robo con fuerza y un delito de blanqueo de capitales por los que pide que sea condenado a quince años de prisión y multa de 300.000 euros. Para los otros dos acusados solicita un año y medio de prisión y multa de 300.000 euros como autores de un delito de blanqueo de capitales o, alternativamente, seis meses de prisión si se les considera culpables de un delito de receptación.

En cuanto a la responsabilidad civil, solicita el Ministerio público que el principal acusado indemnice a la Catedral de Santiago en más de dos millones de euros. Por su parte, la acusación particular, ejercida por la Catedral de Santiago, solicita para Castiñeiras penas que suman 31 años de prisión por un delito de robo continuado con fuerza, otro de robo con fuerza por llevarse el Códice, seis delitos contra la intimidad y otro de blanqueo.

En concreto, en su escrito, la acusación pide siete años de prisión para Manuel Fernández Castiñeiras por un delito continuado de robo con fuerza por la sustracción de documentación y otros efectos de la basílica compostelana. Además, solicita cinco años de cárcel por el robo con fuerza del Códice Calixtino; y dos por cada uno de los seis delitos contra la intimidad por el apoderamiento de cartas y documentos privados de media docena de personas de la Catedral. A ello, suma otros siete años de pena por un delito de blanqueo de capitales ya que, según argumenta la acusación particular, el dinero sustraído lo empleaba para la compra de bienes personales. Mientras, para la mujer e hijo del exelectricista de la Catedral pide siete años de prisión por el delito de blanqueo de capitales para cada uno de ellos.

En el escrito de conclusiones, la acusación ejercida por la Catedral incluye el agravante de "abuso de confianza", ya que fue trabajador de la basílica. En la argumentación, el abogado de la Catedral sostiene que el acusado se apropió de manera "ilícita" de las llaves y sustrajo dinero y documentación de la Catedral durante varios años. En concreto, según la documentación recogida en el proceso, las cantidades sustraídas suman 2.546.679 euros desde agosto de 2000 al primer semestre de 2012.

FECHAS DEL JUICIO

Según el calendario fijado por la Audiencia Provincial --que inicialmente había señalado el juicio para el mes de diciembre, aunque tuvo que ser aplazado por incompatibilidades-- este lunes, día 19, a las 9.30 horas, están citadas las partes para resolver cuestiones previas, por lo que no será hasta el martes 20, a la misma hora, cuando presten declaración los tres imputados.

Para el día 21 está prevista la declaración en calidad de testigo de José María Díaz, que ocupaba el cargo de deán de la Catedral en el momento del robo, así como del actual deán, Segundo Pérez López, y de miembros del Cabildo como Juan Filgueiras Fernández y Daniel Lorenzo Santos, entre otros testigos.

El resto de los más de 60 testigos declararán, en varias jornadas, entre el lunes 26 de enero y el jueves 5 de febrero en la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago.

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