martes, 17 de octubre de 2017 20:50
Politica

Un total de 24 diputados dejan las Cortes desde el inicio de legislatura 

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Un total de 24 diputados de las distintas formaciones han dejado las Cortes Valencianas desde el inicio de la legislatura, diez de ellos de la bancada 'popular' imputados o procesados en casos de presunta corrupción y uno más, el exparlamentario de la formación Rafael Blasco, que ya estaba en el grupo de No Adscritos cuando abandonó su escaño un día después de ser condenado en la primera de las piezas del 'caso Cooperación' en mayo de 2014.

La renuncia de este viernes de los diputados 'populares' Ricardo Costa y Yolanda García, ambos procesados en el 'caso Gürtel', deja la bancada del PP sin imputados, en consonancia con la denominada 'línea roja' marcada por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para dejar fuera de su gobierno, el grupo parlamentario y el partido a personas que estuvieran en esta condición judicial, y que ha sido criticada por la oposición, que ha acusado al jefe del Consell de tardanza en aplicarla y ha criticado que no se haya destituido a quienes estaban en esta situación. Precisamente, a finales de diciembre, Fabra recordaba que cuando entró en el Gobierno autonómico había hasta once imputados por corrupción en su grupo parlamentario, que terminaba el año cos dos diputados en esa condición, y defendía que no había "alternativa" a su línea roja.

A Costa y García les precedió en la decisión el diputado del PP David Serra, igualmente procesado en el 'caso Gürtel', quien dejó su escaño en septiembre. Unos meses antes, en julio, dejó el grupo 'popular' el exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, entonces imputado y ahora procesado en la misma causa y que anunció su intención de dedicarse a su vida profesional al margen de la actividad política. Con anterioridad, en abril y mayo, lo hicieron el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y la que hasta el pasado 23 de diciembre era la primera edil, Sonia Castedo, ambos imputados en el 'caso Brugal' y ella además por la parte del Plan Rabasa, y que devolvieron su acta "por motivos de salud" y "personales", respectivamente.

En marzo, había dejado su escaño la exconsellera de Turismo y actual alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, tres semanas después de que hiciera lo propio la también exconsellera del ramo Angélica Such, ambas procesadas en el 'caso Gürtel'. También renunció a su acta el exalcalde de Torrevieja (Alicante) Pedro Hernández Mateo, en diciembre de 2012, tras ser condenado a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.

Por su parte, la también exconsellera Alicia de Miguel dejó la cámara autonómica por motivos "estrictamente personales", el mismo día en que el juez del 'caso Gürtel' le imputó en julio de 2013 por contratos suscritos en su etapa al frente de Bienestar Social con empresas de la trama.

Si bien el PP comenzó la legislatura con 55 diputados, en junio de 2013 se quedó con 54 al pasar al grupo de No Adscritos el exconseller Rafael Blasco, que estaba inmerso en la investigación del 'caso Cooperación', por el que finalmente ha sido condenado a ocho años de cárcel en una de sus dos piezas. Este hecho le llevó a renunciar al escaño en mayo de 2014, con lo que el PP recuperó su número de parlamentarios.

OTRAS RENUNCIAS

Por otro lado, en las filas del PP, los exconsellers Gerardo Camps, Mario Flores, Belén Juste y Manuel Cervera renunciaron al acta en las Corts al ser elegidos diputados al Congreso, mientras que Eva Ortiz lo hizo para ir al Parlamento Europeo. También dejó el escaño la exconsellera Paula Sánchez de León, al ser nombrada delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana --cargo que también dejó en mayo de este año--, así como César Augusto Asencio, designado vicepresidente de la Diputación de Alicante. Recientemente ha dejado las Corts Luis Ibáñez, quien ha pasado a ocuparse de la Secretaría Autonómica de Sanidad.

Asimismo, renunció José Marí para dedicarse a su actividad privada como abogado en un despacho propio, además de María José Masip por "motivos personales" y Antonio Ángel Hurtado por cuestiones "personales y profesionales".

CUATRO CAMBIOS EN LA OPOSICIÓN

Por parte de los grupos de la oposición, desde que comenzó la legislatura ha habido cuatro cambios. Ferrán Verdú (PSPV) dejó su acta por las dificultades para compatibilizar su labor como alcalde de Jijona (Alicante) con el trabajo parlamentario y con su puesto docente en la Universidad de Alicante. Además, en este periodo han fallecido los diputados socialistas Dolores Huesca y Vicent Esteve. En las filas de EUPV, Marina Albiol dejó su escaño tras ser elegida eurodiputada.

CAMBIOS EN LA INSTRUCCIÓN

Ricardo Costa y Yolanda García eran los dos únicos diputados, y por tanto aforados, en el caso 'Gürtel' por el que se mantenía la instrucción en el Tribunal Superior de Justicia en la Comunitat Valenciana. Su renuncia supone la pérdida del aforamiento y que la causa pase a la jurisdicción ordinaria, al igual que sucedió en su día con los procesos en los que están inmersos los exalcaldes 'populares' de Alicante y el aún pendiente del 'caso Cooperación'.

La primera pieza del proceso de 'Cooperación' y también la causa del exalcalde de Torrevieja se juzgaron en el TSJCV. Igual sucederá con la parte del 'Gürtel' que afecta a las exconselleras Such y Martínez, por la feria 'Fitur', ya que si bien ambas no son aforadas al haber renunciado a su escaño, el Tribunal Supremo decidió que sea precisamente el alto tribunal valenciano quien las juzgue puesto que su dimisión se produjo días antes de la fecha fijada para comenzar la vista. El TS ha considerado que el auto de apertura de juicio oral es el momento que imposibilita una renuncia del aforamiento con efectos procesales.

En el supuesto del procesamiento por las piezas 1, 2 y 6 de Gürtel de los exdiputados que han renunciado este viernes a su escaño, en el auto del pasado 15 de diciembre el juez instructor daba un plazo común de 20 días para que las partes calificaran y dijeran si procedía o no la apertura de juicio oral, trámite que aún no ha concluido.

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