Torres-Dulce afirma que no es proclive al Gobierno y lo demuestran los casos Bárcenas, Bolinaga o Matas

El fiscal general el Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado este miércoles en el Congreso de los Diputados que no se le puede decir que sea proclive al Gobierno de Mariano Rajoy y citó como ejemplos que ha sido él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos Bolinaga y Matas.

Torres-Dulce ha empleado buena parte del turno de réplica durante su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso en defenderse las críticas recibidas desde distintos ámbitos por su decisión de interponer querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.

El fiscal general ha insistido en que actuó en todo momento siguiendo criterios jurídicos y cumpliendo estrictamente con lo que señala el Estatuto Fiscal en lo relativo al proceso que se siguió con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala.

"No toleraré nunca que el gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito", ha afirmado, para añadir si tiene que sostener posición contraria al gobierno la sostiene.

Torres-Dulce ha negado presiones y ha recordado que contestó de forma "clara" el mismo día que la líder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho anunciaba la querella, que esa no era la realidad de la Fiscalía en esos momentos y que los tiempos mediáticos no eran los tiempos del Ministerio Fiscal.

Tras manifestar su respeto a las críticas, Torres-Dulce ha realizado un relato pormenorizado de lo ocurrido con esta querella, que ha reconocido ha sido "radiografiado" durante los últimos días en los medios de comunicación para defender que nunca existieron fiscales rebeldes en Cataluña y se actuó cumpliendo lo establecido en el Estatuto de la Fiscalía.

Ha insistido que su actuación se ha adoptado atendiendo exclusivamente a criterios de estricta legalidad contemplados en el artículo 124 de la Constitución y "autónomamente y sin ningún tipo de injerencia".

Además, ha advertido que podría haber avocado hacia sí mismo el despacho de este asunto concreto, puesto que el Estatuto se lo permitía, o haber designado a un fiscal ajeno al TSJ de Cataluña, si bien no hizo nada de eso, dando inicialmente libertad absoluta a los fiscales catalanes para valorar los hechos.

Por ello, ha manifestado que no puede admitir que se diga que su Fiscalía funciona "a golpe del principio de dependencia jerárquica" y que en este asunto puede decir que actuó, ordenando diligencias el 8 de noviembre incluso cuando en ese momento el Gobierno, por boca del ministro de Justicia, afirmaba que no habría irregularidad si en la convocatoria no participaba la Generalitat.

BANKIA Y PUIG ANTICH

Por otra parte, el fiscal general del Estado ha manifestado que el juez que instruye el "caso Bankia" en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, actúo citando a imputados en la causa tras recibir la querella de UPyD y sin disponer de ningún dato.

Ello causó "problemas" a la Fiscalía, que ya tenía unas diligencias abiertas sobre este asunto.

También se ha referido Torres Dulce a la petición de la Justicia Argentina para detener a varios ciudadanos españoles en relación con la causa que investiga los crímenes franquistas.

A este respecto ha dicho que la posición de la Fiscalía está fijada desde hace tiempo y que hay que estudiar si dichas detenciones tienen base fáctica y jurídica.

En todo caso, ha advertido que la orden de la juez Servini contiene errores, aunque no afectan al fondo, como señalar que el anarquista que fue condenado a la pena capital Puich Antich fue acusado del asesinato de Carrero Blanco o situar a varias de las personas cuya detención se reclama como responsables ministeriales en fechas que no corresponden con la realidad.