lunes, 23 de octubre de 2017 04:37
Politica

El exconseller Nadal afirma ante la juez que actuó en defensa del interés público

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El exconseller de Política Territorial de la Generalitat Joaquim Nadal ha declarado este viernes ante la juez que actuó "en defensa del interés público y para preservar el valle de Solius", en respuesta a la imputación por un presunto delito de estafa a raíz de una operación urbanística en Santa Cristina d'Aro.

La titular del juzgado de instrucción 25 de Barcelona ha tomado declaración al exconseller, que ha acudido a la Ciudad de la Justicia acompañado por los también exconsellers socialistas Antoni Castells y Montserrat Tura.

Tras prestar declaración, ha explicado a los medios de comunicación que "el Gobierno de la Generalitat actuó correctamente en defensa del interés público y para preservar el valle de Solius".

Ha añadido que "todos los actos que la Generalitat hizo fueron ajustados a derecho y respondiendo al interés público, sin que haya detrás de todo esto ninguna otra historia que no fuera preservar el valle de Solius y, al mismo tiempo, garantizar los derechos urbanísticos de todo el mundo adquiridos a lo largo del tiempo".

El caso surgió a raíz de la permuta urbanística que en 2006 firmaron la Generalitat, el Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro (Girona) y la empresa Varal.

La empresa renunció a los derechos para construir un polígono industrial en la zona del Molí de Reixac y adquirió en una permuta unos terrenos en otra zona del municipio sin que se le informase de que eran inundables, según Varal.

El exconseller ha afirmado que "la Generalitat no engaña nunca a nadie y no esconde información porque además toda la información es pública y está a disposición de aquel que participa de los trámites ante una administración pública, no habiendo nada que ocultar cuando figura en los instrumentos de planeamiento que están sucesivamente en trámite".

Según Nadal, "esta es una querella de unos privados, de una empresa, con unos derechos urbanísticos, que legítimamente se querella contra la administración, a través mío y de otros representantes del Incasòl, en defensa de sus derechos que entran en colisión con los derechos del interés publico y de la administración pública".

El juzgado de instrucción 25 imputó a Nadal por un presunto delito de estafa tras un escrito de la Fiscalía que consideraba que la empresa habría sido objeto de engaño y que el detonante podría haber sido la adquisición por parte de la familia Lara de una finca en la zona donde inicialmente estaba proyectado el polígono industrial.

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