El incuestionable éxito del 9-N ha tenido dos consecuencias de carácter muy diferente. Por un lado, por primera vez podría parecer que el gobierno del PP abandona su táctica de menospreciar a millones de catalanes que reiteradamente se han movilizado para ejercer su derecho a decidir y para cambiar el estatus actual de Cataluña.
El incuestionable éxito del 9-N ha tenido dos consecuencias de carácter muy diferente. Por un lado, por primera vez podría parecer que el gobierno del PP abandona su táctica de menospreciar a millones de catalanes que reiteradamente se han movilizado para ejercer su derecho a decidir y para cambiar el estatus actual de Cataluña. El presidente español ha decidido que ya va siendo hora de venir a explicar su posición. Bienvenido sea este cambio aunque, además de palabras y un viaje, tiene que ofrecer alguna propuesta, lo que hasta ahora ha sido inexistente.
Lo que hace el presidente Rajoy con Cataluña es dejadez de funciones. Él debería haber sido el primero en venir a Cataluña cuando detectó que había un problema. Me alegro que ahora -aunque con retraso- haga las funciones que le corresponden como presidente del Gobierno. Pero el cambio no se traduce en los hechos. Vemos atónitos como desde la Fiscalía insiste en querellarse contra el presidente Artur Mas y la vicepresidenta Joana Ortega, a pesar de la oposición frontal de la fiscalía catalana que no ha apreciado ningún indicio de delito. Desde Unió seguimos insistiendo en que las cosas se han hecho bien y amparadas por la legalidad como reconocen los fiscales catalanes. Es una vergüenza que a la Justicia que ya está bastante cuestionada con todo lo que llueve, se le termine de contaminar para cuestionar un proceso participativo. ¿Si hubiera sido una encuesta, también habría actuado la Justicia? ¿De qué estamos hablando?
La otra reacción al 9-N es aún más paradójica. El gobierno de Artur Mas que ha cumplido el compromiso electoral de CiU de poner urnas para que los catalanes expresáramos el futuro que queremos para nuestro país, se ha quedado solo en el Parlamento. ERC deberá explicar muy bien a la sociedad catalana su cambio de actitud cuando se han alcanzado los compromisos acordados del pacto de estabilidad parlamentaria.
Nuestra voluntad, de Unió y de CiU, es continuar con la legislatura porque entendemos que desde la estabilidad conseguiremos nuestros objetivos: el nacional y el social. No se serio y creíble ni conveniente que en un país como Cataluña cada dos años se convoquen elecciones autonómicas. No podemos olvidar que seguimos inmersos en una muy difícil situación económica y que seguimos comprometidos en reactivar la economía como mejor herramienta para generar riqueza y empleo. Y este sí que es un problema tangible y real de los catalanes.
Claro que no lo haremos a cualquier precio pero no creemos que lo mejor para el país sea volver a convocar elecciones anticipadamente. Además de dar respuesta al proceso nacional queremos apoyar a los 728.998 demandantes de empleo que hay en Cataluña. Debemos seguir trabajando para crear empleo, para consolidar la todavía débil recuperación económica y para preservar la calidad de los servicios de bienestar social. Esta es la obligación de nuestro gobierno y nuestro compromiso que, como el 9-N, también queremos cumplir.
Benet Maimí, secretario de Organización de Unió Democràtica de Catalunya
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