lunes, 11 de diciembre de 2017 10:38
Sociedad

La Alianza contra la Pobreza Energética pide que suministradoras asuman el coste de los impagos

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La Alianza contra la Pobreza Energética, junto con diferentes PAH de España, han pedido este miércoles que las suministradoras de agua, gas y electricidad asuman el coste de los impagos porque "tienen beneficios para hacerlo", así como medidas urgentes y efectivas a la Generalitat para hacer frente a una situación que, a su juicio, vulnera los derechos humanos.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa ante el Parlament la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, Maria Campuzano, en la que ha reclamado que se garantice un mínimo de estos servicios a toda familia que esté en situación de vulnerabilidad, que se acaben los cortes "indiscriminados" y que no se puedan hacer sin autorización previa de los servicios sociales.

Además, piden que el coste de los impagos lo asuman las compañías y no la administración porque significaría "la transferencia de fondos públicos a entes privados para alimentar los beneficios de unos cuantos bolsillos", aseguran.

Según Campuzano, quieren exigir responsabilidades a suministradoras y al Govern dado que, en pleno mes de noviembre, no tienen "ninguna medida" sobre la mesa para hacer frente a la pobreza energética, y más aún después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera el decreto aprobado por la Generalitat.

Tampoco saben cuándo se convocará una reunión de la Mesa de la Pobreza Energética y desconocen en qué consiste el fondo económico anunciado para combatir estos casos ni quién lo gestionará.

Este miércoles, miembros de la PAH y de esta alianza han ocupado simultáneamente oficinas de empresas suministradoras como Gas Natural, Endesa y Agbar en la capital catalana, una acción que también se ha llevado a cabo en otros puntos, como en Madrid, Valencia, Asturias, Granada y Canarias, con pancartas con el lema 'Ni sed, ni frío ni oscuridad'.

CASOS AL SÍNDIC

Campuzano ha asegurado que el 10% de la población catalana sufre pobreza energética, una situación que afecta a salud de las personas, y ha censurado el aumento del precio de los suministros básicos así como que las empresas, o bufetes de abogados subcontratados, llamen a los afectados con "amenazas" para que paguen.

"Meten miedo a la gente. Amenazan a las familias para cobrar. Lo único que ponen sobre la mesa es el interés de mantener sus beneficios", ha criticado, tras explicar que han llevado estos casos al Síndic de Greuges.

Según Campuzano, las empresas, presentes en la Mesa de la Pobreza Energética, esgrimen que atienden a la legalidad, pero "la legalidad está en la Constitución, y allí es donde están los derechos, porque se habla de derechos humanos y es una cuestión de voluntad".

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