miércoles, 23 de agosto de 2017 12:13
Economía

El dispositivo de la Guardia Urbana durante el 9N costó al Ayuntamiento de Barcelona 15.000 euros

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El dispositivo que hizo la Guardia Urbana de Barcelona con motivo del proceso participativo del 9 de noviembre costó al Ayuntamiento 15.000 euros, según ha informado este miércoles el primer teniente de alcalde y responsable del área de Seguridad, Joaquim Forn.

En respuesta a una pregunta que ha hecho la concejal del PP Àngels Esteller en la comisión municipal de Presidencia y Régimen Interior, Forn ha destallado que a esta cantidad, se tendría que añadir el coste de imprimir 900 banderolas que instaban a la participación y que se colocaron en el espacio público.


Forn ha concretado que la orden política de organizar el dispositivo e imprimir las banderolas de plástico la hizo él, y ha destacado que lo único que hizo el gobierno municipal es ser coherente con la decisión que adoptó ante el 9N el plenario municipal, donde hay una mayoría de grupos a favor del derecho a decidir de los catalanes.


El primer teniente de alcalde ha aprovechado la ocasión para defender la consulta, asegurar que el 9N fue una jornada "memorable", y ha destacado que el dispositivo policial se hizo en colaboración con los Mossos y que no guardó grandes diferencias con el que se organiza en otras ocasiones, como la Diada, el 12 de Octubre o los conciertos más multitudinarios que se organizan en el recinto del Forum.


Forn ha hecho un agradecimiento a los voluntarios que colaboraron en la votación, en la que participaron más de medio millón de barceloneses, y ha puesto en valor el civismo con el que se desarrolló la votación.


En cuanto al nombramiento del secretario municipal, Jordi Cases, como coordinador del dispositivo de la consulta, el edil ha destacado que esta designación fue legal, ya que se hizo antes de la suspensión cautelar de la consulta por parte del Tribunal Constitucional (TC).


Por otra parte, Forn ha asegurado que la negativa de los fiscales catalanes a "aceptar las órdenes" del Fiscal General del Estado y decidir no querellarse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas por el 9N ilustra que el PP se ha quedano sólo y que no tiene cobertura legal para justificar sus argumentos.

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