El juez ordena que Díaz Ferrán permanezca dos años más en la cárcel

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prorrogado dos años el ingreso en prisión provisional del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán en la causa en la que investiga el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores, descubierto a través de la operación Crucero, han informado fuentes jurídicas.

El magistrado, que ha seguido el criterio del fiscal Daniel Campos durante la vista celebrada este jueves en presencia del empresario, considera "indispensable" que continúe en la cárcel para evitar el riesgo de fuga y de sustracción a la acción de la Justicia. En diciembre de 2012 Velasco impuso al expresidente de la patronal una fianza de 30 millones de euros para eludir la cárcel. Durante el tiempo transcurrido desde entonces la caución ha ido rebajándose hasta alcanzar los cinco millones de euros, que el empresario no ha abonado. Velasco acusa a Díaz Ferrán de la comisión de un delito continuado de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.

Según explicaba la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, la lamentable situación patrimonial del grupo amenazaba el "altísimo nivel de vida" del expresidente de la patronal que procedió a realizar "un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, en evidente perjuicio de los acreedores".

El Ministerio Público pide 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE y 8 años para el liquidador de empresas Ángel De Cabo, también procesado y que se encargó de la operación de vaciamiento. En el juicio que se celebrará dentro de unas meses se sentarán también en el banquillo el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz de Santamaría, el número dos de De Cabo, Iván Losada, y otras siete personas.

El juez recuerda que el propietario del Grupo Marsans cumple una condena de dos años y dos meses por la venta de Air Comet pero recalca que si le dejara libre en esta otra causa podría acceder a beneficios penitenciarios que desembocarían en su salida de la cárcel. "Estas salidas podría aprovecharlas, teniendo en cuenta la disponibilidad económica que podría tener en el extranjero", producto de los delitos de los que se le acusa, para huir de la Justicia, dice el juez que considera procedente aplicarle el máximo legal de estancia en prisión condicional.