Los bancos ejecutan el pago de 1.350 millones a Escal por la indemnización de Castor

El sindicato de bancos que instrumenta la operación de indemnización a la sociedad Escal UGS por el almacenamiento subterráneo de gas de Castor ha ejecutado el pago de los 1.350 millones de compensación fijados por el Consejo de Ministros, según han indicado fuentes financieras.

Este importe debía ser abonado en un solo pago en el plazo de 35 días hábiles desde la publicación del real decreto ley 13/2014, en el que se recoge tanto la solución financiera para Castor como los términos de su hibernación, y el plazo vencía este viernes 14 de noviembre.

El importe de la indemnización será financiado ahora por los consumidores de gas a través de la tarifa a lo largo de 30 años a un tipo de interés del 4,2%; los pagos comenzarán a realizarse en 2016 a razón de unos 100 millones de euros al año.

El Gobierno, que intentó a través del Tribunal Supremo suspender la cláusula del acuerdo de 2008 que concedía a Escal UGS el derecho a esta indemnización, sostiene que este coste de 100 millones anuales por una instalación que quedará hibernada será, al menos, inferior a los 210 millones previstos inicialmente, con el complejo en operación.

Tras los seísmos detectados a finales del año pasado y la renuncia de Escal al proyecto, Castor queda ahora en una situación de hibernación en la que estará prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural.

MOCIÓN DE ICV-EUIA

El Parlament ha aprobado este jueves con los votos de todos los partidos menos el PP una moción de ICV-EUiA que insta al Govern a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto 13/2014 de indemnización a las empresas impulsoras del proyecto Castor, entre ellas ACS.

El decreto repercute en la tarifa del gas de los ciudadanos durante los próximos 30 años los 1.350 millones de indemnización a las empresas impulsoras del proyecto, que fue suspendido tras detectarse que la plataforma de almacenamiento gasista fue la responsable de varios terremotos en la costa de Tarragona y la de Castellón.

La diputada de ICV-EUiA Hortènsia Grau ha pedido al Ejecutivo catalán astucia, coraje y desobediencia para afrontar este tema, ya que ha considerado que hasta ahora sólo ha mostrado tibieza colocándose "al lado de los poderosos".

La moción también pedía paralizar el pago de los 1.350 millones de euros alegando que las empresas impulsoras no ha presentado los informes necesarios ni se han depurado responsabilidades sobre la suspensión del proyecto, pero precisamente este jueves ha trascendido que ACS ya ha cobrado el dinero.

El diputado del PSC Jordi Terrades ha lamentado que el Gobierno central haya renunciado a imputar cualquier tipo de responsabilidad sobre el fiasco del proyecto a las empresas concesionarias, mientras que María José García Cuevas (PP) ha señalado que el responsable del tema "es el monumento al despilfarro del gobierno de Zapatero", y ha defendido que lo único que ha hecho el Ejecutivo central actual ha sido reducir el coste de la indemnización.

Para el diputado Matías Alonso (C's) el proyecto Castor era necesario pero no se ha hecho como convenía, mientras que Lluís Salvadó (ERC) ha censurado la actuación del Gobierno central ante lo que considera "uno de los desastres técnicos más importantes de la Europa occidental".

El diputado Quim Arrufat (CUP) ha expuesto que el proyecto Castor es el paradigma de un país en el que durante muchos años se ha fomentado "la cultura de la especulación y el dinero fácil", mientras que Annabel Marcos (CiU) ha reclamado al Gobierno central que haga pública toda la documentación sobre el almacén de gas.

DAÑOS MATERIALES

La moción también incluye otros puntos, como reclamar un peritaje para cuantificar "los daños materiales y en su caso morales que han sufrido los ciudadanos de les Terres de l'Ebre" como consecuencias de los terremotos.

La iniciativa de ICV-EUiA también supone instar al Govern a impulsar un pacto por la energía a partir del diálogo con todas las fuerzas políticas y los representantes sociales y económicos para dotar a Catalunya de "una política energética estable a medio y largo plazo".

La moción contenía otros puntos que han sido rechazados, como el de promover una "consulta ciudadana sobre la conveniencia de las prospecciones petrolíferas ante las costas catalanas", y Grau (ICV-EUiA) ha lamentado que en este caso a CiU no le guste el 'derecho a decidir' de los ciudadanos.