lunes, 18 de diciembre de 2017 11:43
Economía

Organizaciones sociales urgen a los grupos parlamentarios a que impugnen la deuda ilegítima del Castor

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Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Alianza contra la pobreza energética, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, preocupadas por el desenlace del proyecto de almacenamiento submarino de gas natural Castor, muestran este jueves su rechazo frontal a la indemnización que el Real Decreto Ley del pasado 3 de octubre garantiza a ESCAL UGS para renunciar a la concesión.

Las organizaciones urgen a los representantes de los diferentes grupos políticos que un mínimo de 50 diputados o senadores realicen una impugnación del RDL ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el plazo para presentarlo, el 03 de enero 2015. Después de un trabajo a diferentes niveles (local, catalán, estatal y europeo), así como con diferentes organizaciones e instituciones que han corroborado los impactos ambientales, sociales y económicos de este proyecto, las organizaciones firmantes hacen un llamamiento para el no- pago de la deuda del proyecto por parte de la ciudadanía y porque las instalaciones sean desmanteladas, dos demandas que el RDL imposibilita. También el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de Cataluña) ha propuesto a la Generalitat ya la Defensora del Pueblo esta impugnación, y ha animado a los Defensores de otras Comunidades Autónomas a plantear en sus gobiernos.

ESCAL UGS, participada en el 66,6% para la ACS de Florentino Pérez, presentó su renuncia el pasado verano, y hace poco más de un mes el RDL le garantizó una indemnización de 1350 millones de euros, a cargo del sistema gasista, permitiendo también la hibernación de las instalaciones indefinidamente. El plazo para el pago de la indemnización a ESCAL UGS, que debía hacerse con una celeridad sorprendente para un momento de crisis como el actual (un máximo de 35 días para realizarlo), terminará mañana viernes 14 de noviembre. En la práctica, se calcula que la cantidad total que asumiría la ciudadanía podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años. A esta cantidad hay que añadir los 100 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones, más otros costos de operación y administración en que incurra Enagás, el nuevo gestor de las instalaciones, y que también se irían aplicando en la factura del gas.

En un momento de especial fragilidad por el aumento del desempleo y los recortes sociales, donde la pobreza energética ya afecta al 17% de la población, la ciudadanía verá como sus facturas se incrementan aún más. El año 2013 se produjeron en España más de 75.000 cortes de suministro de gas por impago, el 86% más respecto al 2012, y más de 1,1 millones de cortes de suministro eléctrico por impago, un 24% más que el año anterior. Si la indemnización de Castor se incluye en la factura del gas e incrementa aún más su importe, ¿en qué situación se dejará a las familias? Su endeudamiento crecerá, empeorando así su situación económica y afectando gravemente a sus condiciones de vida. Mientras las empresas suministradoras de servicios básicos no dan cobertura a toda la población, se le exige a la ciudadanía responder por un proyecto impuesto e innecesario.

Organizaciones locales que desde el inicio alertaron de la opacidad durante todo el proceso, los peligros asociados -como el demostrado riesgo sísmic-, o de las irregularidades administrativas, ven ahora como se pretende mantener a flote esta infraestructura, mientras la ciudadanía cubre con sus costes y riesgos, como los que podrían desprenderse de la vuelta a la inyección de gas, o incluso de la extracción de hibrocarburos que el RDL contempla. La ausencia del principio de precaución ha quedado en evidencia, así como la falta de voluntad para explorar opciones energéticas que no sean fósil-dependientes y que no hipotequen la población a 30 años. Ante el contexto socioeconómico actual se requiere, más que nunca, que el dinero público y de la población contribuyente deje de destinarse a pagar infraestructuras y modelos energéticos que tienen severos impactos sobre la vida de las personas, el territorio y el medio ambiente.

Las organizaciones firmantes también proponen la participación de la ciudadana en una recogida de firmas a través de la plataforma Avaaz para dar su apoyo a la impugnación y presionar en el cumplimiento de estas demandas: que la población no pague por este proyecto mal planificado, mal ejecutado y con un contrato abusivo, y que se logre el desmantelamiento de las instalaciones, las dos peticiones ligadas a una fuerte exigencia de responsabilidades a todos los niveles.

Organizaciones que apoyan:
? Aliança contra la Pobresa Energètica
? Col.legi d'ambientolegs
? Confederació d'Associacions de veïns de Catalunya (CONFAV)
? Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
? Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, salut, consum i alimentació
? Ecologistas en Acción
? Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
? FACUA Catalunya
? Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
? Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona
? Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)
? Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
? Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
? Plataforma por un Nuevo çmodelo Energético
? Xarxa per la sobirania energètica (Xse)

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