Catalá cree que la Audiencia Nacional denegará entregar a los exministros franquistas por prescripción y Ley de Amnistía

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha vaticinado que la Audiencia Nacional denegará la extradición a Argentina de la veintena de investigados, entre ellos varios ex ministros, por crímenes durante la dictadura franquista alegando la prescripción de los hechos y recordando la Ley de Amnistía de 1977.

Así ha respondido al ser preguntado en los pasillos del Congreso por la orden de Interpol de proceder a la detención de una veintena de españoles solicitada por la juez argentina María Servini de Cubría por crímenes de lesa humanidad para interrogarles en Buenos Aires.

El ministro ha dicho desconocer el detalle de esa comunicación, pero sí ha considerado que la Audiencia Nacional dictará una resolución "muy equivalente" a la que emitió por "hechos similares" en el caso del exinspector Juan Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, 'capitán Muñecas', cuando rechazó su extradición.

"Hay que estudiar esa orden de Interpol, pero por los antecedentes que tenemos de la Audiencia Nacional por hechos similares de los que ahora hemos tenido conocimiento a través de la prensa, yo creo que la resolución será muy equivalente a la que hubo anteriormente, que es denegar la entrega porque son delitos prescritos en España y hay una Ley de Amnistía", ha respondido.

Catalá ha destacado que esta norma, aprobada por unanimidad en 1977, "intentó superar una etapa trágica de nuestra historia". "Pero totalmente superada", ha enfatizado.

LOS ACUSADOS PASARÁN A DISPOSICIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Una vez cursada y recibida la orden de detención preventiva por parte de las autoridades competentes, las Fuerzas de Seguridad deberán proceder a la detención de los imputados para ponerles a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que esté de guardia en un plazo no superior a las 24 horas.

La Audiencia Nacional podrá ordenar la prisión provisional, su libertad o medidas cautelares, como visitas periódicas a un juzgado, ertirada del pasaporte o prestación de fianza, entre otras, y comunicará su decisión al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, que puede solicitar la extradición en el plazo que determine.

En caso de ordenar una detención preventiva, ésta no puede prolongarse más allá de cuarenta días si dentro de este plazo no se presenta la solicitud de extradición, según ha explicado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), personada en la causa abierta en Buenos Aires.

La organización alude al artículo 8 de la ley 4/1985 de Extradición Pasiva española y al artículo 24 del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Jurídica en materia penal suscrito en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 entre el Reino de España y la República Argentina.

En este caso se trata de una orden de detención internacional que deberá tramitar la oficina de Interpol-Madrid, radicada en el complejo policial de Canillas, que ha recibido la comunicación "muy urgente" de sus colegas argentinos.

Si se tratara de una petición de extradición, el Consejo de Ministros habitualmente las autoriza aunque puede negarse. En caso de mostrarse a favor de la entrega, la Audiencia Nacional tiene dos opciones negarse o concederla. Si informa a favor de la extradición, el Ejecutivo puede concederla o denegarla.

EXMINISTROS, EXPOLICÍAS Y EXJUECES ACUSADOS

La juez Servini imputó y ordenó detener recientemente a una veintena de personas por crímenes del franquismo, aunque una de ellas el ex ministro Antonio Barrera de Irimo falleció recientemente y por lo tanto se ha extinguido cualquier acción penal.

La magistrada imputa a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un antiguo ginecólogo.

Entre los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.

A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.

Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.

Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.

Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.

A petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.

Además, imputa a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.