miércoles, 13 de diciembre de 2017 04:40
Politica

La fiscalía tiene preparada una querella contra Artur Mas y Joana Ortega por posibles delitos durante el 9-N

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La Fiscalía Superior de Cataluña ya tiene sobre la mesa la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta, Joana Ortega, por posibles delitos durante el 9-N. Muy probablemente la presentará este miércoles y podría ampliar a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, como responsable de los locales donde se llevó a cabo la votación. Quedarían al margen de la denuncia los directores de escuela y otros funcionarios implicados en la organización.

Según recoge Catalunya Informació, la querella acusaría a los responsables políticos de prevaricación y desobediencia, unos delitos que están penados con entre 7 y 10 años de inhabilitación y 6 meses y 1 año de prisión, respectivamente. La posibilidad de que se presente una querella contra el gobierno por la votación del domingo ha sido una especulación desde el día siguiente del 9-N.

La Fiscalía Superior de Cataluña ya abrió diligencias la víspera del proceso participativo y pidió que la Generalitat dijera si había ordenado abrir los institutos y que se identificaran las personas responsables de facilitar el acceso a los locales. El mismo día de las votaciones, no se hicieron identificaciones, Mas dejó claro que el responsable último era él e Interior remitió la lista de locales públicos abiertos para el proceso. El escrito de la Generalitat no especificaba nombres ni apellidos de nadie e indicaba que el responsable de la acción de abrir los locales era la Generalitat.

Además de esta información, la Fiscalía Superior de Cataluña podría incluir en la querella la denuncia que el sindicato de ultraderecha Manos Limpias presentó contra Mas y algunos consejeros. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aún no la ha admitido a trámite porque está a la espera de que hace el Ministerio Público. Y también podría sumar las denuncias que particulares y partidos como UPyD y PxC presentaron contra la votación.

Dos días después del 9-N, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha avanzado que habrá querella, aunque la ha situado este mismo martes. El gobierno ya ha rechazado que sea el PP el que haga de "portavoz de la fiscalía" y ha reclamado una separación real de poderes. En este sentido, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que se pronunciarán sobre el 9-N, pero sin precipitación, y negó que trabajen con presiones del gobierno español.

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