martes, 12 de diciembre de 2017 03:48
Opinión

2018, año clave para Andorra

Robert Pastor
Robert Pastor



Los «casos Pujol» pierden fuerza con respecto a las pruebas-datos bancarios solicitados a la justicia andorrana.

Los «casos Pujol» pierden fuerza con respecto a las pruebas-datos bancarios solicitados a la justicia andorrana. Además de las limitaciones de la legislación del pequeño Principado, la juez que ha recibido el pedido del magistrado Ruz de la Audiencia Nacional decía recientemente que el listado de supuestos depósitos de los miembros de la familia sería un «pantallazo» de ordenador, con contenido falso, porque no hay ninguna entidad financiera del Estado pirenaico que ponga los nombres de los titulares junto a los números de cuenta, por la obligación de respetar el secreto.

Está claro que las limitaciones no siempre favorecen a todos. La petición del alcalde Trías de un documento similar a la de la Unión de Bancos Suizos, para certificar que él no tiene ninguna, de cuenta a los valles andorranos, y demostrar así quizás fehacientemente y definitiva la falsedad de las acusaciones vertidas contra él, tropieza con el mismo obstáculo, en forma de duda inicial, sobre la viabilidad de emitir tal testimonio.

Mientras tanto, la Banca Privada (BPA) la entidad supuestamente depositaria de los fondos del ex presidente y familia, ha recibido una pequeña compensación al desprestigio adquirido: Banco Madrid, su filial española, ha sido reconocido por la británica Global banking and finance review con la mejor entidad de gestión de patrimonios y activos financieros de España este 2014. Unas gestiones que, realizadas en territorio propio, y bajo la legislación del Estado español, no deberían tener ninguna mancha ni merecer reproche en materia fiscal ni de otras normas aplicables.

En coincidencia con este golpe de marketing, la comisión de asuntos extranjeros de la Asamblea nacional francesa ha aprobado el tratado bilateral contra la doble imposición con Andorra (CDI), sin enmiendas. Resto únicamente el trámite de ratificación por la misma cámara en sesión plenaria. Estos trámites han retrasado unos meses, y nada más, han retrasado un acuerdo que hace tiempo se anunció y se dio por hecho, pero que aún, para sorpresa de muchos andorranos, aún no estaba vigente.

El acuerdo equivalente con España, tras sendas entrevistas entre los jefes de gobierno, Martí y Rajoy, y entre los ministros competentes, Cinca y Montoro, está más «verde». Ambas partes coincidieron en que está a punto de cerrarse "a nivel técnico", pero quedan «flecos» y luego tiene que pasar por las aprobaciones de los gobiernos y de los parlamentos.

El presidente del Ejecutivo español anunció, en aquellos momentos, que haría la primera visita a Andorra de un titular de este cargo, antes de que terminara el año, sin duda con la intención de llevar el «regalo» del CDI, tan esperado por los emprendedores andorranos para poder trabajar en España sin la sobrecarga fiscal que hasta ahora les impide competir. Falta por ver, si ya tan cerca del fin de año, sin el convenio cerrado, al menos políticamente, y con todo lo que está lloviendo encima del titular del Ejecutivo, podrá, por mucho que quiera, cumplir el compromiso con la posibilidad de exponerse a expresiones de rechazo de una sociedad plegada de residentes catalanes y de nacionalizados del Principado vecino, que han promovido el establecimiento en el territorio de una delegación de la Asamblea nacional catalana y han organizado la «votación» sobre el terreno del 9-N.

Más allá de todo ello, los tres grupos que configuran el actual Consejo General -Parlamento nacional- andorrano, han dado apoyo explícito al intercambio automático de información fiscal con la Unión Europea, para la fecha solicitada por Bruselas del 2018. Sin duda, el año clave para una plaza financiera que, cabe esperar, haya visto anulado el efecto de los escándalos recientes y pueda aplicar -eso sí, con toda la prudencia dicha española de «hecha la ley, hecha la trampa».

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