Fiscalía pide más de 23 años de prisión para Dorribo por delitos en los que se incluye tráfico de influencias

La Fiscalía solicita penas que suman más de 23 años de prisión para el principal acusado en el marco de la 'Operación Campeón', Jorge Dorribo, por diversos delitos entre los que se incluye tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, así como por falsificación de documentos.

En el escrito de calificación de la Fiscalía, el Ministerio Público dirige la acusación contra trece personas, entre las que se incluye el entonces director del Igape, Joaquín Varela de Limia, y el exsubdirector de información del citado organismo Carlos Silva Liste.

Por un delito contra la hacienda pública en grado de tentativa considera el fiscal que procede imponer a Dorribo una pena de ocho meses de prisión; por otro contra la hacienda pública tres años y seis meses; por otro continuado de falsedad en documento mercantil dos años de prisión; por falsificación de certificado una multa de cinco meses con cuota diaria de 20 euros; por delito continuado de cohecho solicita una pena máxima de cuatro años y nueve meses de cárcel; y por blanqueo de capitales, dos años y seis meses.

A ello se suma por delito contable continuado siete meses de prisión; por insolvencias punibles, cuatro años de prisión; por dos delitos contra la hacienda pública, tres años de prisión por uno en 2010, y otros tres por otro en 2011.

Por su parte, para el entonces diputado del PP Pablo Cobián, condición a la que renunció el 4 de octubre de 2011, según recuerda la Fiscalía, el Ministerio Público solicita seis meses de prisión por delito contra la hacienda pública en grado de tentativa; un año y nueve meses por tráfico de influencias; dos años y tres meses por delito contra la hacienda pública; y un máximo de cuatro años y nueve meses de cárcel por delito continuado de cohecho.

Mientras, para el entonces director del Igape, Joaquín Varela de Limia, la Fiscalía pide seis meses de prisión por un delito contra la hacienda pública en grado de tentativa; dos años y tres meses por otro contra la hacienda pública y nueve meses de multa por un delito de negociaciones prohibidas. Por su parte, para Liste, el Ministerio Público solicita nueve meses de multa con cuota diaria de 20 euros.

RELATO DE HECHOS

En su relato de hechos, la Fiscalía señala que los acusados Jorge Dorribo y Arsenio Méndez Pérez, en calidad de administradores solidarios de la entidad Laboratorios Asociados Nupel S.L. contrataron en el mes de abril de 2010 los servicios de Proitec CTI Consultoría Integral Técnica, denominación bajo la que opera el grupo de empresas de los acusados Carlos Monjero y Javier Rodríguez, "para que les llevaran a cabo una labor de asesoramiento, gestión, tramitación, seguimiento e indebida obtención de posibles ayudas públicas a las que pudiera acogerse Laboratorios Nupel en la ejecución de un simulado proyecto de inversión consistente en la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una planta de productos farmacéuticos en unidosis".

Además, sostiene el fiscal que Pablo Cobián "realizó durante un periodo de tiempo que abarca cuando menos desde principios de octubre de 2010 hasta mayo de 2011, funciones de intermediación entre Jorge Dorribo, Carlos Monjero y el director del Igape", para que este organismo dependiente de la Xunta "concediera un trato de favor y preferente en la tramitación así como en la final concesión de la subvención y el préstamo para Laboratorios Nupel". Al respecto, añade que las "funciones de intermediación resultaron determinantes" para que a la empresa de Dorribo "le fuesen concedidas las ayudas solicitadas".

En su relato de hechos, la Fiscalía señala, asimismo, que la "obtención fraudulenta" de un préstamo "no habría podido conseguirse sin la intervención decisiva del director del Igape, Joaquín Varela de Limia; de la directora del Área de Financiación y de Pablo Cobián".

En concreto, indica que los acusados Joaquín Varela de Limia y Carlos Silva Liste "llevaron a cabo durante toda la tramitación de los expedientes de subvención y préstamo una labor de asesoramiento" a la entidad Laboratorios Nupel, "facilitándole a Jorge Dorribo, Carlos Monjero, Pablo Cobián y demás personal de Nupel encargado de preparar toda la documentación, información técnica sobre el modelo de contrarrestar los requerimientos, observaciones y anomalías que eran detectadas por el personal del Igape" durante la tramitación, "sin que dicha labor de asesoramiento se incluya en las funciones de ninguno de los acusados", añade el fiscal.

Sobre Cobián, recoge en su escrito el Ministerio Fiscal que "recibió del acusado Jorge Dorribo la suma de 60.180 euros que Nupel facturó en concepto de patrocinio del equipo de carretas karts Cobián Racing Team", propiedad de éste, donde corre en competiciones oficiales su hijo.

Por todo ello, la Fiscalía considera que los hechos investigados en la 'Campeón' son constitutivos de un delito contra la hacienda pública en grado de tentativa, delito de tráfico de influencias, contra la hacienda pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil, delito continuado de falsificación de certificado, delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios, delito continuado de cohecho, blanqueo de capitales, delito contable continuado y delito de insolvencias punibles.

Además, en relación a esta causa, la jueza instructora de la 'Campeón', Estela San José, en una providencia de 3 de noviembre, a la que tuvo acceso Europa Press, libra oficio al Colegio de Abogados de Lugo para que "a la mayor brevedad designe abogado del turno de oficio" para el ejercicio de la defensa de Jorge Dorribo, que en la actualidad no tiene representación letrada.