lunes, 18 de diciembre de 2017 15:51
Sociedad

El Govern archiva el 68% de los expedientes abiertos por el 'No vull pagar' de 2012

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El Govern ha archivado el 67,9% de los expedientes sancionadores abiertos por el boicot a los peajes catalanes iniciado en mayo de 2012 con lema 'No vull pagar', durante el cual el Servei Català de Trànsit (SCT) recibió unas 100.000 denuncias de las concesionarias de autopistas.

Así lo ha constatado el conseller de Interior, Ramon Espadaler, en el Boletín Oficial del Parlament (BOPC) hecho público este martes y recogido por Europa Press, que detalla que del total de denuncias recibidas, se iniciaron 21.559 expedientes sancionadores --19.491 en 2012 y 2.068 en 2013--, de los que 14.629 se archivaron, 6.058 fueron firmes y 872 fueron revocados.

El importe recaudado por el cobro de las sanciones impuestas fue de 351.843 euros, de los que 184.300 --correspondientes a 2.541 sanciones-- han sido abonados voluntariamente y 167.543 --3.202 expedientes-- han sido recaudados por vía ejecutiva.

Según detalla el conseller, a fecha 17 de septiembre quedaban pendientes de pagar 2.237 expedientes, con un importe total de 223.700 euros.

El importe de la sanción más elevado para un solo infractor asciende a 5.200 euros correspondientes a 52 expedientes; la segunda multa más abultada es de 3.900 euros por 39 sanciones.

DENUNCIAS ARCHIVADAS

Espadaler señala que el SCT ha actuado según las recomendaciones del Síndic de Greuges, que en abril de 2013 pidió que prescribieran todas las denuncias pendientes de tramitación y sobre los que aún no se hubiera dictado resolución sancionadora.

Entre los expedientes iniciados, hay 6.989 que han prescrito, que equivalen a un importe de 349.450 euros si se hubieran pagado con la reducción del 50%, ya que la Ley de Seguridad Vial establece que las infracciones leves prescriben si a los tres meses no se ha reclamado el pago de la sanción.

También se han archivado los expedientes en los que la persona identificada como conductora del vehículo hubiera negado los hechos en todos los casos en los que el SCT no ha dispuesto de otras pruebas que avalen los hechos y, en este sentido, se han estimado todos los recursos presentados negando la comisión de la infracción.

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